El gobierno colombiano anunció este martes que reforzará la presión militar y policial en el mayor puerto del Pacífico, en respuesta a videos difundidos en redes sociales que muestran a hombres armados patrullando las calles de Buenaventura y amedrentando a sus pobladores.
Fusiles en mano y encapuchados, una veintena de hombres vestidos de negro lanza advertencias a bandas rivales en la ciudad de unos 320.000 habitantes que sufren la violencia desde hace décadas, según imágenes que sembraron terror el fin de semana.
«Definimos que vamos a tener una presencia jueves y viernes en Buenaventura (…) Vamos a ampliar la capacidad para el control urbano con fuerzas militares y de la policía», anunció el ministro de Defensa, Iván Velásquez, sin dar cifras, luego de un consejo de seguridad sobre el tema en la sede presidencial de Bogotá.
Por el puerto pasa el 40% del comercio internacional de Colombia y es una codiciada ruta del narcotráfico hacia Centroamérica y México.
Surgidas de la escisión de un poderoso cartel de la droga, las principales bandas de la ciudad conocidas como Shottas y Espartanos se disputan el narcotráfico y la extorsión, según inteligencia militar.
La policía no ha precisado a qué banda pertenecen los hombres armados del video, pero ofrecieron recompensas equivalentes a unos 48.000 dólares por información que permita identificarlos y capturarlos.
En el marco de su política de «paz total», el gobierno izquierdista de Gustavo Petro media entre Shottas y Espartanos para silenciar los fusiles en el puerto. En septiembre las bandas firmaron una tregua.
«Ante la violencia armada, estamos con ustedes. No están solos», anotó en un comunicado la oficina del Alto Comisionado para la Paz y anunció que «en las próximas dos semanas» se retomarán las mesas de diálogo con voceros de las organizaciones en el puerto.
«Llamamos a los grupos Shottas y Espartanos a pronunciarse públicamente rechazando los hechos de violencia recientes y reiterando su disposición a ser parte de la Paz Urbana», añadió.
Petro apuesta por una salida negociada al conflicto interno que siguió pese a la firma del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC en 2016.
Guerrilleros, narcos, paramilitares y agentes estatales se enfrentan desde hace medio siglo en una sangrienta guerra que deja más de 9 millones de víctimas, la mayoría desplazados.