El diputado Carlos Alarcón cuestionó que en Bolivia se mezclen dos investigaciones diferentes: la madera incautada en territorio nacional, donde se reportaron falsos positivos, y la carga retenida en Chile, donde autoridades de ese país ratificaron que el proceso penal continúa.
El caso denominado “narcomaderas” continúa generando debate entre autoridades bolivianas y chilenas. El diputado Carlos Alarcón afirmó que la Fiscalía de Chile mantiene vigente la investigación por la madera incautada en Arica y cuestionó el manejo de la información realizado por el Gobierno boliviano y el Ministerio Público.
Alarcón señaló que existe una confusión al mezclar dos hechos diferentes: la madera incautada en territorio boliviano, donde las pruebas realizadas dieron resultados de falso positivo, y otro cargamento retenido en Chile, donde se abrió una investigación por la presunta presencia de sustancias ilícitas.
“Han querido confundir en la información y han mezclado dos temas diferentes, otro lote de maderas incautado en territorio boliviano que no llegó a pasar la frontera y salir a Chile, donde se hicieron las pruebas y salieron falsos positivos”, explicó el diputado.
Según Alarcón, la situación corresponde a una investigación distinta en Chile, donde las autoridades de ese país ratificaron las actuaciones de su Ministerio Público.
“El delegado presidencial de Chile ha ratificado todas las actuaciones de la Fiscalía chilena, señalando que todas estas pruebas de campo han sido primero ratificadas, las de la madera incautada en Chile, no la incautada en Bolivia”, afirmó.
El legislador sostuvo que, de acuerdo con la información proporcionada por autoridades chilenas, las pruebas realizadas a la carga retenida en ese país habrían confirmado la presencia de narcóticos, tanto en los análisis iniciales como en estudios posteriores realizados por instituciones de salud chilenas.
Además, señaló que la Fiscalía chilena comunicó que la investigación continúa y que la madera permanece incautada como elemento de prueba dentro del proceso penal.
“El comunicado oficial del Ministerio Público chileno señala que se va a continuar con toda esta investigación, que no es verdad que se han devuelto esas maderas, que siguen estando incautadas como prueba del probable delito”, manifestó Alarcón.
Ante esta situación, el diputado cuestionó que en Bolivia no se haya impulsado una investigación paralela con la misma profundidad y pidió coordinación entre autoridades de ambos países.
“En lugar de haber inmediatamente abierto un caso a profundidad en Bolivia sobre este tema, investigarlo a fondo el Fiscal General y el Ministerio Público, coordinar inmediatamente con las autoridades judiciales, fiscales y gubernativas, se han encargado de difundir que todo sería un caso montado o armado por el Ministerio Público de Chile”, sostuvo.
Alarcón afirmó que, al tratarse de un posible delito transfronterizo, Bolivia debería participar activamente en las investigaciones y verificar la consistencia de las pruebas realizadas en Chile.
“Deberíamos más bien participar coordinadamente, activamente de esta investigación, con la investigación a fondo abierta en Bolivia, para ver de qué manera la propia investigación chilena es consistente o no es consistente”, indicó.
El diputado también pidió evitar que el caso afecte a todo el sector forestal boliviano y señaló que, si existieron delitos, las responsabilidades deben establecerse de manera individual.
“Los delitos son personalísimos, son hechos muy específicos. No se puede contaminar o perjudicar al conjunto de un sector empresarial específico por hechos que son hechos aislados”, afirmó.
Durante la entrevista, Alarcón también comparó el manejo del caso con otras investigaciones vinculadas al narcotráfico, como el caso del uruguayo Sebastián Marset y las denominadas “narcomaletas”, y señaló que el Gobierno debe actuar con transparencia para recuperar la confianza internacional.
“Todo lo que ha ganado con una excelente actuación en el caso Marset, sobre todo en el tema de la investigación penal del narcotráfico, el gobierno lo está perdiendo con la desinformación y con la actuación pésima que está teniendo en estos otros casos”, manifestó.
Finalmente, insistió en que las autoridades bolivianas deben brindar información clara sobre lo ocurrido en Chile, Brasil y Bolivia, además de garantizar una investigación coordinada para establecer si existió o no un delito.
“Lo primero que tiene que hacer es abrir un caso a fondo en Bolivia sobre el mismo hecho, porque es un delito transfronterizo que involucra dos jurisdicciones y dos territorios de dos países vecinos”, concluyó.