El ministro de la Presidencia, Fernando Hugo Aramayo, afirmó que el retiro de la subvención al diésel permitirá al Gobierno reorientar recursos hacia obras, protección social y apoyo a sectores productivos, en el marco de las medidas económicas adoptadas por la administración de Rodrigo Paz. Según explicó, la subvención demandaba alrededor de $us 2.600 millones al año.
Aramayo sostuvo que el esquema de precios diferenciados permitió durante años mantener un costo interno menor al de adquisición del combustible, pero también generó distorsiones económicas. En ese contexto, defendió la decisión de modificar este mecanismo y señaló que “el ajuste económico tiene que venir con protección social y naturalmente con responsabilidad fiscal”.
El ministro indicó que los recursos que antes se destinaban a sostener la subvención podrán ser orientados hacia otras necesidades del país. Entre las prioridades mencionó la construcción de hospitales y carreteras, además de medidas destinadas a proteger a los sectores considerados vulnerables.
“¿Seguir alimentando las bandas de contrabandistas y de criminales? ¿O queremos construir carreteras, hospitales?”, cuestionó Aramayo al explicar la posición del Gobierno sobre el destino de los recursos que anteriormente se destinaban a la subvención.
Como parte del paquete de medidas, el ministro destacó el Programa de Protección Económica, que contempla una transferencia para cerca de 2,9 millones de personas, con una inyección de Bs 874 millones, además de créditos preferenciales de hasta Bs 800 millones para sectores como el transporte pesado, gremiales, artesanos, comerciantes y productores.
También mencionó créditos directos de entre Bs 50.000 y Bs 400.000, facilidades para la importación de insumos y bienes destinados al sector productivo, así como una ampliación de 120 días para el alivio tributario.
Aramayo afirmó que estas medidas buscan acompañar el ajuste económico con mecanismos de protección y reactivación productiva. “Ya no podemos continuar subvencionando a bandas criminales”, sostuvo al referirse a lo que, según el Gobierno, fueron distorsiones vinculadas al sistema de subvención.
El ministro también señaló que el país destinaba en promedio unos $us 55 millones por semana a la subvención de combustibles y que el costo anual alcanzaba aproximadamente $us 2.600 millones. A partir de la eliminación de este mecanismo, sostuvo que el Gobierno pretende modificar la forma en que se utilizan esos recursos y priorizar inversión pública, protección social y actividad productiva.
Aramayo remarcó que las medidas adoptadas deben evaluarse no solo por su impacto inmediato, sino también por su efecto sobre las finanzas públicas y la capacidad del Estado para atender otras necesidades. En ese sentido, insistió en que el objetivo es combinar el ajuste económico con medidas dirigidas a los sectores que requieren mayor respaldo.