El exfiscal departamental de Santa Cruz, Jaime Solís, aseguró que la mayoría de los bolivianos reclutados para viajar a Rusia conocía que sería enviada al conflicto bélico con Ucrania, aunque no dimensionaba el riesgo que implicaba participar en la guerra. En entrevista con el programa De Primera Mano, sostuvo que la crisis económica impulsó a muchos jóvenes a aceptar estas ofertas y exhortó al Gobierno boliviano a asumir acciones diplomáticas inmediatas para identificar, asistir y gestionar el retorno de los ciudadanos que permanecen en territorio ruso.
El exfiscal departamental de Santa Cruz, Jaime Solís, reveló que comenzó a investigar el reclutamiento de bolivianos para combatir en la guerra entre Rusia y Ucrania hace aproximadamente cuatro meses, luego de recibir el testimonio de una mujer cuyo hermano ya se encontraba en territorio ruso recibiendo instrucción militar.
Según relató, la familiar le mostró un video en el que el joven aparecía con uniforme militar ruso dentro de un aula y, a través de las ventanas, se observaba la nieve. En ese registro, el boliviano explicaba que estaba aprendiendo el idioma ruso y recibiendo entrenamiento militar.
Aunque posteriormente la familia dejó de contactarlo, Solís decidió seguir de cerca el caso debido a la preocupación que le generó la presencia de ciudadanos bolivianos en el conflicto.
En ese contexto, aseguró que la mayoría de quienes viajaron conocía el verdadero destino de su viaje.
«Yo podría decir que el 90% de la gente sí sabía que iba a la guerra. El 10% puede haber sido engañado o llevado bajo un falso pretexto, pero la gran mayoría sabía que iba a un conflicto armado», afirmó.
No obstante, aclaró que muchos jóvenes desconocían la verdadera dimensión del enfrentamiento.
«No pensaron que realmente los iban a enviar tan rápido al frente de batalla ni que la guerra era tan dura», sostuvo.
Para Solís, la situación económica que atraviesa Bolivia fue un factor determinante para que decenas de jóvenes aceptaran las ofertas de reclutamiento.
«La crítica situación económica del país llevó a muchas personas a salir del hambre para terminar arriesgando su vida en una guerra ajena», manifestó.
Asimismo, afirmó que detrás del reclutamiento existiría una estructura organizada que operaría en Bolivia mediante ciudadanos bolivianos que actuarían como operadores o agentes vinculados a intereses rusos.
Según explicó, estas personas serían las encargadas de captar jóvenes mediante promesas de salarios elevados y oportunidades laborales en el extranjero.
El exfiscal también relató el caso de Gregory Romero Pinto, un boliviano de 20 años que, según indicó, fue herido en ambas piernas mientras combatía en Rusia.
Explicó que, tras recuperarse, el joven intentó abandonar el Ejército ruso; sin embargo, le informaron que ya había sido incorporado formalmente a las Fuerzas Armadas de ese país.
«Le dijeron que ya no era simplemente un contratista, sino un miembro del Ejército ruso y que, si abandonaba el servicio, sería sometido a un consejo de guerra», señaló.
Ante esa situación, consideró que la Cancillería boliviana debe intervenir de forma inmediata.
A su criterio, tanto el embajador como el cónsul de Bolivia en Rusia deberían identificar cuántos bolivianos permanecen en ese país, conocer su situación y establecer quiénes desean retornar.
«El canciller debería haber solicitado hace tiempo un informe sobre cuántos bolivianos obtuvieron visas para viajar a Rusia. Con esa información ya se podría saber quiénes son y dónde están», indicó.
Además, cuestionó que hasta el momento no exista una misión oficial destinada a verificar la situación de los bolivianos desplazados al conflicto.
En ese sentido, planteó que la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Legislativa también debería conformar una delegación para trasladarse a Rusia y conocer el estado de los ciudadanos bolivianos.
Respecto a la investigación penal que se desarrolla en Santa Cruz, donde tres familiares del principal investigado fueron enviados con detención preventiva, Solís consideró que las pesquisas deben dirigirse hacia los verdaderos responsables de la organización.
«No creo que esas personas sean las cabezas de la estructura. Probablemente eran tramitadores de pasaportes. La investigación debe llegar a quienes realmente organizaban el reclutamiento», afirmó.
Sobre Amador Méndez, identificado por la Fiscalía como el principal sospechoso del caso, sostuvo que corresponde investigar si mantenía vínculos con estructuras de inteligencia extranjeras.
También explicó que la mayoría de los jóvenes abandonó el país sin informar a sus familias y que muchos viajaron inicialmente por Brasil o Panamá, desde donde eran trasladados hacia Moscú.
De acuerdo con la información recopilada por Solís, los reclutadores ofrecían inicialmente alrededor de 2.600 dólares, además de cubrir los gastos de viaje y facilitar la obtención del pasaporte y la visa.
El exfiscal agregó que varios familiares mantienen reservas sobre el caso porque sus parientes continúan en Rusia y les piden que no brinden información pública sobre su situación.
Finalmente, Jaime Solís insistió en que la respuesta del Estado boliviano debe ir más allá de la investigación penal y enfocarse también en la protección de los ciudadanos que permanecen en territorio ruso.
«Este tema debe ser tratado como una emergencia nacional. La Cancillería tiene que identificar cuántos bolivianos están en Rusia, conocer su situación y gestionar el retorno de quienes quieran volver al país», concluyó.