La diputada de Alianza Libre Lissa Claros denunció la existencia de un presunto “clan familiar” vinculado a autoridades y parlamentarios de Potosí, al que acusó de promover designaciones que, según afirmó, no cumplirían con los perfiles profesionales requeridos y de estar relacionado con presuntas irregularidades en concesiones mineras.
Claros mencionó entre los señalados al diputado Alejandro Medinaceli, al diputado Juan José Torres y a la diputada Kattia Arando, además de personas de sus entornos familiares. La legisladora sostuvo que estas personas estarían influyendo en la designación de funcionarios en instituciones del departamento.
“Lo que están haciendo es tener logias de corrupción en el departamento de Potosí y están acomodando cargos a sus amiguitos, a sus compadres, a sus cónyuges, sin ver en cuenta la meritocracia”, afirmó.
Como ejemplo, cuestionó la designación de un abogado como gerente de Entel en Potosí y señaló que, a su criterio, el perfil profesional no sería pertinente para ese cargo.
También observó que el esposo de la diputada Kattia Arando ocuparía el cargo de asistente de gestión parlamentaria de la legisladora. Asimismo, afirmó que otra persona que anteriormente habría trabajado como asistente de Aranda ahora ocupa un cargo gerencial en una empresa estatal y que habría participado en su campaña.
Claros aseguró que identificaron alrededor de 50 funcionarios que, según su denuncia, habrían sido designados irregularmente en distintas instituciones de Potosí. Por ello, anunció que solicitarán a la Contraloría General del Estado revisar los procesos de designación y determinar si los funcionarios cumplen con los perfiles profesionales correspondientes.
La diputada también involucró en su denuncia al área minera. Afirmó que se estarían otorgando concesiones mineras a particulares vinculados a personas del entorno de las autoridades cuestionadas.
“En este clan familiar hemos identificado la minería ilegal, se están dando concesiones mineras a amiguitos, se están dando concesiones mineras con el aval del ministro de Minería”, sostuvo.
Según Claros, áreas que anteriormente fueron liberadas para permitir el trabajo de cooperativistas y otros sectores ahora estarían siendo concesionadas a particulares. Ante esta situación, anunció que impulsará acciones para que se investiguen las concesiones y posibles hechos de minería ilegal.
La legisladora pidió además que la Unidad de Investigaciones Financieras y el Ministerio Público revisen las cuentas y las operaciones relacionadas con las personas señaladas, así como las denuncias sobre presuntas concesiones irregulares.
“Estamos pidiendo que la Contraloría intervenga cómo se han hecho estas designaciones”, señaló, y agregó que también plantearán que la Fiscalía y otras instancias investiguen las irregularidades denunciadas.
Claros anunció asimismo que solicitarán la presencia del ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, ante la comisión correspondiente de la Asamblea para que responda una petición de informe oral y explique si tenía conocimiento de las designaciones cuestionadas y cuál fue su participación en esos procesos.
La diputada también cuestionó al ministro de Minería y anunció que se impulsarán acciones legislativas para que responda por las denuncias relacionadas con concesiones y minería ilegal.
En otro momento, Claros se refirió a la advertencia del presidente Rodrigo Paz sobre un posible nuevo “sismo político estructural”. La legisladora sostuvo que el Gobierno debería primero atender las denuncias de corrupción dentro de su entorno.
“Primero, que limpien la corrupción de su entorno, empezando por estos clanes familiares”, afirmó.
Sobre la reforma parcial de la Constitución, Claros consideró que es necesaria para acompañar leyes estructurales en materia de minería, inversiones e hidrocarburos. Sin embargo, señaló que cualquier decisión debe considerar la vigencia del estado de excepción y recordó que, según su interpretación, durante ese periodo existen restricciones para modificar la Constitución.
Finalmente, pidió al Gobierno concentrarse en resolver los problemas económicos y sociales del país y sostuvo que Alianza Libre está dispuesta a respaldar reformas estructurales, siempre que se actúe, según dijo, con responsabilidad y transparencia.
Las acusaciones formuladas por Claros deberán ser verificadas por las instancias competentes, que deberán determinar si existieron irregularidades en las designaciones, concesiones mineras u otros hechos denunciados.