El senador de Alianza Libre, Leonardo Roca, afirmó que el informe elaborado por la comisión especial de la Cámara de Diputados que investiga el denominado caso «narcomaletas» revela al menos cuatro inconsistencias que, a su juicio, evidencian graves fallas en los controles de seguridad del Estado y posibles acciones premeditadas para facilitar el ingreso del vuelo investigado.
Durante una entrevista en el programa De Primera Mano, el legislador recordó que el hecho ocurrió el 29 de noviembre de 2025, cuando un vuelo chárter procedente de California, Estados Unidos, llegó al aeropuerto internacional Viru Viru. Sin embargo, el caso recién salió a la luz pública en enero de este año.
Roca explicó que, según el informe, una empresa obtuvo los permisos para operar el vuelo, pero finalmente ingresó al país otra empresa distinta utilizando esa misma documentación, situación que —aseguró— no fue observada por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).
Otro aspecto que calificó como llamativo es que una persona ajena a la tripulación y a los pasajeros habría sido la depositaria de 31 maletas y, posteriormente, también participó en su retiro, pese a que no figuraba entre quienes llegaron en el vuelo.
El senador también señaló que el pasaporte diplomático utilizado por la exparlamentaria Laura Rojas había sido anulado el 13 de noviembre, 16 días antes de ser empleado para ingresar al país y posteriormente retirar las maletas.
«¿Cómo es posible que un pasaporte anulado pase por absolutamente todos los controles migratorios y de aduana sin ser observado?», cuestionó.
Asimismo, indicó que tanto la empresa autorizada inicialmente como la que finalmente ingresó debían estar registradas en el sistema SUMA de la Aduana Nacional, por lo que considera que existieron múltiples irregularidades durante todo el procedimiento.
Roca agregó que una agencia de inteligencia de Estados Unidos alertó, a través de un organismo internacional, sobre el ingreso a Bolivia de un vuelo que transportaba una importante cantidad de divisas distribuidas en 31 maletas. Según explicó, esa información fue remitida por los servicios de inteligencia de Brasil a sus pares bolivianos; sin embargo, sostuvo que nunca llegó al entonces ministro de Gobierno.
«Se vulneraron absolutamente todos los mecanismos de seguridad del Estado y no fue un hecho aislado, sino un hecho forzado», afirmó.
Respecto a la investigación penal, el senador señaló que, hasta el momento, no existe la principal evidencia material del caso.
«Las maletas no están. La prueba palpable del delito no existe. En derecho se dice que si no hay materia de delito, no hay delito», sostuvo, al recordar que, según el informe, la unidad canina no detectó presencia de sustancias controladas durante la inspección.
Pese a ello, aseguró que el informe de la comisión legislativa tendrá carácter vinculante y permitirá establecer si existieron responsabilidades administrativas o penales, además de recomendar las acciones correspondientes ante las instancias competentes.
El legislador manifestó que uno de los aspectos más preocupantes es la pérdida de credibilidad de las instituciones bolivianas en materia de seguridad.
A su juicio, el hecho de que la alerta sobre el vuelo fuera transmitida por una agencia de inteligencia estadounidense a través de Brasil, y no directamente a las autoridades bolivianas, demuestra una falta de confianza en los organismos nacionales encargados de combatir el narcotráfico y el lavado de activos.
Roca también descartó que las irregularidades detectadas puedan atribuirse a errores administrativos.
«Esto no es un error. Aquí hay dolo, hay premeditación y hay conocimiento pleno de lo que se estaba haciendo», afirmó.
Finalmente, el senador sostuvo que durante las últimas dos décadas Bolivia se convirtió en un territorio atractivo para organizaciones del narcotráfico debido a la protección que, según dijo, recibieron estas estructuras.
«Santa Cruz y Bolivia se convirtieron en un refugio y en un paraíso para este tipo de actividad ilícita», manifestó.
En ese contexto, consideró que el Gobierno del presidente Rodrigo Paz debe asumir medidas para recuperar la credibilidad internacional del país, aunque advirtió que el caso de las narcomaletas «deja muy mal parado» al actual Gobierno porque, según su criterio, existió protección institucional durante el desarrollo de los hechos.