La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) proyecta un crecimiento de apenas 0,2% para la economía boliviana en 2026 y de 0,6% en 2027, cifras que ubican al país entre las economías con menor expansión prevista de América del Sur, según sus estimaciones de octubre de 2026.
De acuerdo con el organismo, Bolivia registró una contracción económica de 1,6% en 2025. Aunque las proyecciones apuntan a un retorno al crecimiento en 2026, la recuperación sería moderada y se mantendría por debajo del desempeño previsto para la mayoría de los países sudamericanos.
En comparación, la CEPAL estima que América del Sur crecerá un 2,1% en 2026 y un 2,4% en 2027, mientras que el promedio de América Latina y el Caribe alcanzaría el 2,0% y el 2,5% en esos mismos años.
Entre las economías sudamericanas, Paraguay tendría las mayores tasas de crecimiento proyectadas, con un 4,5% en 2026 y un 4,0% en 2027. Perú crecería un 3,0% en 2026 y un 3,3% en 2027, mientras que Argentina alcanzaría un 1,9% y un 3,0%, respectivamente.
La CEPAL advierte que el desempeño económico regional estará condicionado por la incertidumbre internacional, las tensiones geopolíticas, las alteraciones en las rutas logísticas y las variaciones en los precios de la energía y los alimentos. Estos factores pueden elevar los costos de producción e importación y afectar el poder adquisitivo de los hogares.
El organismo también señala que el empleo continúa creciendo, aunque a un ritmo menor, lo que limita la expansión de los ingresos y del consumo. A esto se suman las presiones inflacionarias y el encarecimiento del financiamiento internacional, factores que pueden restringir la inversión y el margen de acción de las políticas económicas.
Para 2027, la CEPAL prevé una recuperación moderada de la actividad regional, aunque advierte que persisten riesgos asociados a la evolución de la demanda mundial, los precios de las materias primas, las condiciones financieras y los posibles efectos del fenómeno de El Niño.
Ante este panorama, el organismo recomienda fortalecer las políticas de desarrollo productivo y promover la formalización, mediante una mayor articulación de las políticas laborales, fiscales y financieras, con el objetivo de elevar la productividad, impulsar el crecimiento y generar empleos formales y de calidad.