El legislador respaldó la aprobación del informe en Diputados y pidió que el Ministerio Público profundice las investigaciones para identificar a los responsables del ingreso y comercialización del combustible que afectó a vehículos en el país.
El diputado Juan José Torres destacó la aprobación unánime en la Cámara de Diputados del informe de la comisión especial que investigó el ingreso y comercialización de gasolina desestabilizada en Bolivia, y sostuvo que el documento identifica posibles responsabilidades de exautoridades y funcionarios que continúan en la administración pública.
Torres señaló que la investigación legislativa permitió identificar presuntas irregularidades relacionadas con el ingreso del combustible y cuestionó que no se hubieran aplicado los controles correspondientes.
“Este informe que detalla que es de exautoridades, de algunas autoridades que incluso están actualmente, que se están haciendo ya investigaciones. Se ha investigado, por ejemplo, que no habían contratos, que no sabían cómo entraba la gasolina”, afirmó.
El legislador consideró que los nuevos elementos deben ser incorporados a las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público, con el objetivo de establecer responsabilidades por los perjuicios ocasionados.
“Esperemos ahora con estos nuevos elementos, se dé con estos verdaderos autores de la mala gasolina”, manifestó.
Torres también cuestionó el accionar de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), al señalar que funcionarios de anteriores gestiones fueron ratificados durante el actual Gobierno y que no se habrían cumplido adecuadamente las tareas de fiscalización.
“En este informe involucra a actuales autoridades, pero son autoridades, y yo no sé por qué, por ejemplo, en el tema de la ANH, que dentro de la norma ellos deben controlar absolutamente todo y el manejo. No lo hicieron”, sostuvo.
Asimismo, pidió que las investigaciones individualicen la participación de cada persona mencionada y recordó que debe respetarse la presunción de inocencia durante el proceso.
“Yo siempre pienso que la presunción de inocencia es un derecho fundamental y tendrán que demostrar dentro de lo que son los estados judiciales, la participación de cada uno de ellos”, afirmó.
Sobre las exautoridades de YPFB que ya prestaron declaraciones ante el Ministerio Público, Torres expresó su preocupación porque, según dijo, no se habrían adoptado medidas similares a las aplicadas contra otras personas investigadas.
“Sí, muy bien han prestado su declaración informativa, pero no ha habido una aprehensión por parte del Ministerio Público cuando había varios indicios de responsabilidad”, cuestionó.
El diputado también planteó la necesidad de realizar cambios estructurales en las instituciones encargadas del sector hidrocarburífero. En ese sentido, sostuvo que la ANH debería ser reemplazada por otra entidad con mayores capacidades de control y que YPFB requiere una reestructuración.
“ANH se cierra, se va a crear otra institución que vaya controlando esto y también hay que pensar en refundar lo que es Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos”, afirmó.
Torres señaló que la aprobación del informe representa un avance para esclarecer el caso y que ahora corresponde a las instituciones competentes continuar con las investigaciones y determinar las responsabilidades que correspondan.
Finalmente, destacó el trabajo de la comisión especial de Diputados y sostuvo que el informe fue aprobado por unanimidad después de aproximadamente 120 días de investigación.
“Ha sido importante, aquí ya no existe amedrentamiento”, sostuvo, al referirse al trabajo desarrollado por los legisladores.
