La reunión entre el Gobierno y la dirigencia del magisterio urbano terminó sin acuerdos, después de aproximadamente tres horas de negociación en instalaciones de la Defensoría del Pueblo, en La Paz. Tras el fracaso del encuentro, el ministro de Educación, Erick Sanjinés, advirtió que se aplicarán descuentos salariales a los maestros que acaten nuevas jornadas de paro, mientras el sector anunció que solicitará una reunión directa con el presidente Rodrigo Paz.
“Si hay paro, nosotros estamos obligados a cumplir con la ley y vamos a efectuar los descuentos. Esto es lo legal”, afirmó Sanjinés.
La autoridad lamentó que las negociaciones no avanzaran y atribuyó la ruptura del diálogo a la postura de los dirigentes, quienes mantienen su exigencia de retirar definitivamente el anteproyecto de ley que plantea transferir la administración de los institutos técnicos y tecnológicos a los gobiernos departamentales.
“Volvieron a la posición intransigente que ya expresaron hace dos semanas en Cochabamba, donde ellos señalaban que se retira el anteproyecto de ley o no hay diálogo. Volvieron exactamente a la misma posición”, sostuvo el ministro.
Por su parte, la ejecutiva nacional del magisterio urbano, Miriam Ayala, cuestionó el incumplimiento de los compromisos asumidos por las autoridades y aseguró que el sector no levantará sus medidas de presión.
“Nosotros hemos roto la mesa de diálogo porque consideramos que aquí una autoridad debe saber respetar actas de acuerdo que se suscriben a nombre del Estado”, manifestó.
Ayala sostuvo que el acuerdo firmado el 16 de mayo con representantes del Gobierno debe ser respetado y cuestionó que el ministro de Educación no tenga competencia para resolver las demandas del sector. Por ello, anunció que solicitarán una reunión con el presidente Rodrigo Paz.
Entretanto, confirmó que continuarán los piquetes de huelga de hambre y que la dirigencia evaluará nuevas medidas de presión.
El conflicto se originó por el rechazo del magisterio urbano al anteproyecto gubernamental que plantea transferir la administración de los institutos técnicos y tecnológicos a las gobernaciones. Los maestros consideran que la propuesta pone en riesgo la educación fiscal y podría abrir el camino a su privatización.
El sector mantiene sus movilizaciones y los piquetes de huelga de hambre, instalados hace 12 días, y permanece en estado de emergencia.