Los fiscales de Estados Unidos solicitaron al juez federal Rossie Alston Jr. admitir como prueba los mensajes cifrados y las evidencias de presuntos sobornos que Sebastián Marset habría realizado a funcionarios de Bolivia, Paraguay, Uruguay y Venezuela para obtener información y protección de las fuerzas del orden.
La solicitud forma parte de las mociones presentadas antes del juicio contra el presunto narcotraficante uruguayo, previsto para principios de 2027. Según los documentos citados por el medio internacional OCCRP, el Departamento de Justicia sostiene que estas pruebas permitirán mostrar al jurado el alcance de la organización criminal que habría dirigido Marset y su participación en una conspiración para blanquear dinero procedente del narcotráfico.
En las presentaciones judiciales, los fiscales alegaron que Marset pagó a funcionarios gubernamentales para obtener información y protección policial. Afirmaron que esos pagos le permitieron continuar con sus actividades ilícitas sin interferencia de las autoridades.
Respecto a Bolivia, la acusación sostiene que los sobornos habrían permitido al acusado recibir archivos sobre narcotráfico de las fuerzas del orden, evadir operativos de captura y conocer notificaciones sobre reuniones de la DEA con funcionarios bolivianos.
Los fiscales también describieron el supuesto método de operación de Marset y señalaron que recurría a amenazas y hechos violentos contra quienes se oponían a sus actividades o colaboraban con las autoridades. En uno de los documentos, afirmaron que el acusado habría enviado mediante mensajes una fotografía de una persona asesinada y que cuentan con pruebas independientes para atribuirle ese crimen.
Otra de las pruebas que buscan incorporar son las comunicaciones cifradas de la red Sky ECC. Los investigadores identificaron 12 números de identificación personal que, según la acusación, fueron utilizados por presuntos integrantes de la conspiración. Tres de esos números corresponderían a Marset y contendrían mensajes e imágenes que permitirían identificarlo.
La Fiscalía también pretende presentar testimonios sobre las transferencias de dinero desde Europa hacia Sudamérica, como parte de la presunta conspiración de lavado de activos.
Por su parte, la defensa de Marset solicitó excluir del juicio referencias a delitos violentos que, a su criterio, no correspondan a la definición de narcoterrorismo, además de registros bancarios y declaraciones de terceros que considera ajenos a los cargos específicos.
Los abogados también cuestionaron la acusación inicial por lavado de dinero y sostuvieron que se basó en una transferencia bancaria entre Portugal y China que no involucró servidores de un banco estadounidense. Asimismo, afirmaron que Marset nunca traficó drogas hacia Estados Unidos.
El juez Alston todavía debe resolver las mociones presentadas por ambas partes. Mientras tanto, el caso adquiere relevancia en Bolivia por las referencias de la acusación a presuntos pagos y filtraciones de información desde instituciones policiales.
El día de su expulsión a Estados Unidos, Marset declaró ante agentes de la DEA y mencionó al entonces fiscal general del Estado, Róger Mariaca, a quien identificó como amigo. También hizo referencia a pagos para obtener protección y evitar su captura. Mariaca se encuentra actualmente recluido en una cárcel de Potosí, al igual que varios exfuncionarios del Ministerio Público.