El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia solicitó oficialmente al Gobierno de México información sobre la presunta concesión de asilo político al exvicepresidente Álvaro García Linera, mientras que la Policía confirmó que la Fiscalía requirió activar los mecanismos de Interpol para gestionar un sello azul que permita su búsqueda y ubicación internacional, en el marco del caso Hotel Las Américas.
A través de un comunicado, la Cancillería informó que pidió conocer si existe una decisión formal de concesión de asilo y, de ser así, cuál es su naturaleza jurídica y alcance.
La institución aclaró que el asilo político no implica, por sí mismo, la suspensión de las investigaciones fiscales ni de los procesos judiciales iniciados en Bolivia. También recordó que ambos países cuentan con un Tratado de Cooperación sobre Asistencia Jurídica en Materia Penal, vigente desde 2010, que permite canalizar solicitudes de cooperación internacional.
Por su parte, el comandante de la Policía, general Adrián Álvarez, confirmó que recibió un requerimiento fiscal para activar los protocolos ante Interpol y buscar al exvicepresidente en los países miembros de ese organismo.
“Hemos recibido evidentemente un requerimiento para activar los protocolos a través de la Interpol, y de esta manera, los 194 países que forman parte de este sistema internacional de policía, puedan activar la búsqueda en sus respectivos territorios”, explicó.
Álvarez señaló que, una vez establecida la ubicación de García Linera y comunicada al Estado boliviano, se activarán los procedimientos internacionales correspondientes para gestionar su extradición.
El exvicepresidente y el expresidente Evo Morales fueron incluidos en una proposición acusatoria por los hechos ocurridos el 16 de abril de 2009 en el hotel Las Américas, en Santa Cruz, donde un operativo policial terminó con la muerte de Eduardo Rózsa Flores, Árpád Magyarosi y Michael Dwyer, además de la aprehensión de Elöd Tóásó y Mario Tadic.
La demanda de juicio de responsabilidades fue presentada por legisladores de la alianza Libre y admitida por la Fiscalía General y el Tribunal Supremo de Justicia.
