La acusación del caso A Ultranza Py identifica operaciones por aproximadamente 4,2 millones de dólares a través de Credicentro e IOIO SAECA, que, según el Ministerio Público, habrían sido simuladas para introducir ganancias del narcotráfico al sistema financiero paraguayo.
La Fiscalía paraguaya sostiene que el empresario Alberto Koube Ayala habría utilizado préstamos, depósitos e inversiones en distintas entidades financieras para canalizar recursos atribuidos a la organización criminal liderada por Sebastián Marset.
Entre las operaciones observadas figura un depósito de G. 10.000.568.456 realizado el 11 de noviembre de 2021 en IOIO SAECA, mediante un contrato suscrito por Koube en representación de Grupo Tapyracuai. Según la acusación, el dinero habría sido presentado como una inversión y debía ser devuelto en mayo de 2022.
El documento fiscal también describe dos préstamos que Koube habría obtenido de Ueno Holding SAECA el 28 de diciembre de 2021, por 1.015.197 y 1.523.627 dólares. Ese mismo día, los recursos fueron colocados como inversiones en Credicentro SAECA, entidad que posteriormente pasó a denominarse Ueno Holding. Además, la Fiscalía registra un certificado de depósito de ahorro por G. 1.300 millones a nombre de María Noelia Colmán.
Sobre estas transacciones, el Ministerio Público sostiene que no habrían respondido a operaciones comerciales genuinas, sino que constituirían mecanismos para justificar el origen de fondos ilícitos. La acusación señala que eran “una simulación hecha por el acusado” para introducir ganancias atribuidas a Marset bajo el concepto de inversión.
La investigación también reconstruye viajes de Koube a Dubái junto con Marset y otros integrantes de la estructura. Uno de los desplazamientos ocurrió en abril de 2021. Respecto a otro viaje, realizado en enero de 2022, la Fiscalía plantea que Koube habría viajado para obtener instrucciones de Marset sobre la administración de sus bienes y ganancias ilícitas.
La dimensión política del caso surge por la participación accionaria que Santiago Peña mantuvo en Ueno Holding durante el periodo de las operaciones investigadas. Según sus propias declaraciones, Peña fue accionista desde 2019 hasta marzo de 2025. Sin embargo, la acusación fiscal citada no le atribuye responsabilidad penal ni establece que hubiera conocido o participado en las transacciones señaladas.
En total, según el escrito fiscal, Koube habría canalizado aproximadamente 4,2 millones de dólares hacia empresas vinculadas a Ueno mediante operaciones en IOIO SAECA y Credicentro. Estas transacciones forman parte de la acusación del caso A Ultranza Py, en la que Koube enfrenta un juicio oral por presunto lavado de dinero y asociación criminal. Vía// abc