Durante este tiempo, la delegación se reunió con víctimas de violaciones de derechos humanos en los departamentos de Santa Cruz, La Paz, Cochabamba y Sucre, con el objetivo de “escuchar distintas voces” en materia de derechos humanos.
La comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, dio el informe preliminar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre la situación de Bolivia con respecto a su falta de independencia judicial, hacinamiento en las cárceles y falta de acceso a la información. Además expresó su preocupación por los altos índices de violencia de género en territorio nacional.
La delegación internacional destacó el avance en la inclusión y participación social, sin embargo identifico “grandes desafíos estructurales que persisten, así como el recrudecimiento de situaciones preocupantes en materia de la violencia partidista producto de una extremada polarización política que ha generado una fractura en la sociedad boliviana y que urge ser superada”.
Troitiño, mencionó que se realizó la valoración sobre la violencia contra la mujer, pese a haber advertido esta situación, hoy en día encontraron muchas mujeres, niñas y adolescentes víctimas de estos abusos, existiendo una escasez de los servicios de asesoramiento según lo requieran las personas afectadas.
Adicionalmente, señaló que además de la sentencia que facilita el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, «persisten obstáculos de hecho y de derecho» que les impide acceder a esta práctica, marcando la diferencia entre las áreas rurales y urbanas.
Por otro lado respecto a las protestas añadió que la libertad de expresión pacifica es un elemento esencial para la existencia y funcionamiento de toda la democracia.
La CIDH, tomó conocimiento sobre los enfrentamientos de Santa Cruz luego de la detención de Luis Fernando Camacho, la comisionada reiteró que las protestas deben ser pacíficas y reprocha toda actitud violenta de cualquiera de las partes.
También destacó «la escalada» de las agresiones a el personal de la prensa en los últimos años, así cómo la destrucción de equipos y ataques a la infraestructura de un medio de comunicación. A raíz de la violencia, se pudo observar la autocensura, interrupción de transmisión y el «cese del despliegue noticioso mientras transcurrían asuntos de interés publico por temor a ataques».
Finalmente, la delegación advirtió que la desconfianza de la población en el sistema de justicia fue observada por falta de transparencia y acceso a la información. Por último hizo referencia a las personas privadas de libertad, esto debido a lo siguiente.