Durante su participación en el Foro Nacional «Justicia en Transición», organizado por la Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, el fiscal general del Estado interino, José Armando Urioste Viera, informó que el Ministerio Público puso en funcionamiento operativo la Fiscalía Superior especializada para la persecución penal y el crimen organizado, una instancia que, según explicó, ya existía, pero no contaba con mecanismos para desarrollar investigaciones de manera transversal.
Urioste señaló que, cuando asumió el cargo de manera interina por 90 días, encontró que esta fiscalía tenía una existencia «un poco teórica». «Era una fiscalía muy rimbombante, pero absolutamente teórica», manifestó al explicar que, mediante instructivos y resoluciones de la Fiscalía General, se buscó darle capacidad operativa.
La autoridad indicó que anteriormente las investigaciones sobre crimen organizado se desarrollaban de manera fragmentada y sin una visión integral de las estructuras criminales. También mencionó limitaciones en la justicia ordinaria, la carga procesal por delitos comunes y la falta de especialización en investigaciones financieras complejas.
Como ejemplo, se refirió a los hallazgos derivados de las investigaciones del caso Marset y otros procesos relacionados. Según Urioste, estos casos permitieron identificar presuntas conexiones de organizaciones criminales con organismos del Estado y una posible contaminación de la propia Fiscalía General.
«Tenemos un fenómeno simbiótico donde está trabajando un organismo del Estado con organismos paraestatales, que son obviamente estas organizaciones criminales», afirmó.
El fiscal interino sostuvo que uno de los principales cambios en el trabajo de esta instancia es priorizar la investigación económica y el seguimiento de las fuentes de financiamiento de las organizaciones criminales. Para ello, señaló que se utilizan herramientas tecnológicas, información de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) y mecanismos de cooperación entre instituciones.
«La operación más trascendental es la investigación del tema económico, el uso de la tecnología digital, para investigar cada uno de los casos», explicó. Añadió que la Fiscalía cuenta con una base de datos y sistemas tecnológicos que, a su criterio, no estaban siendo utilizados de manera adecuada.
Investigaciones financieras y equipos especializados
Urioste explicó que la Fiscalía especializada trabaja con fiscales de sustancias controladas y anticorrupción, además de equipos multidisciplinarios integrados por policías, psicólogos y técnicos informáticos.
Entre las herramientas de investigación mencionó las auditorías forenses, la trazabilidad financiera, los agentes encubiertos, las entregas vigiladas y la interceptación de comunicaciones, estas últimas bajo control jurisdiccional. También señaló que se realiza el rastreo internacional de capitales mediante mecanismos de la UIF y convenios de cooperación.
La autoridad indicó que la instancia cuenta con un procedimiento de admisión de casos, que incluye la revisión de denuncias e informes de la UIF, la Contraloría y unidades de Inteligencia. Un filtro técnico determina qué investigaciones ingresan a la fiscalía especializada, para evitar una sobrecarga de trabajo.
Asimismo, señaló que se busca fortalecer la protección de testigos y denunciantes, además de incorporar medidas precautorias sobre bienes vinculados a las investigaciones. Según explicó, en anteriores procesos no se realizaban suficientes anotaciones preventivas ni registros patrimoniales en casos de corrupción.
«Tenemos que cortar el financiamiento a estas entidades a partir de la neutralización financiera de la red corporativa», sostuvo.
En ese contexto, Urioste defendió el uso de procedimientos abreviados en determinadas investigaciones y afirmó que son mecanismos necesarios para desarticular organizaciones criminales con un fuerte respaldo económico proveniente del narcotráfico.
También mencionó que, al asumir la Fiscalía General, encontraron armamento de guerra en vehículos, un hecho que, según su interpretación, evidenciaba el nivel de penetración de organizaciones criminales internacionales en instituciones estatales.
Cooperación internacional y soberanía
Respecto a la cooperación internacional, el fiscal interino aclaró que la participación de organismos extranjeros en mecanismos de investigación no significa que los delitos cometidos en Bolivia vayan a ser juzgados por jueces de otros países.
«De ninguna manera nosotros estamos pensando que va a ser juzgado alguno de estos delitos por jueces extranjeros, ahí se estaría violando la soberanía, pero el mecanismo investigativo es otra cosa», afirmó.
Explicó que la cooperación internacional es necesaria para rastrear capitales fuera del país y acceder a información que permita avanzar en investigaciones complejas. También mencionó la Convención de Mérida, la Convención de Palermo, la Ley 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz y la Ley Orgánica del Ministerio Público como parte del marco jurídico referido a esta labor.
La autoridad señaló que la Fiscalía especializada concentra sus esfuerzos en delitos que provoquen un grave daño al patrimonio público y a la seguridad ciudadana. Entre los hechos que mencionó están el peculado, la malversación de fondos públicos, el cohecho, el enriquecimiento ilícito, la legitimación de ganancias ilícitas, el narcotráfico, la trata y tráfico de personas y el cibercrimen organizado.
Sobre este último ámbito, indicó que el Ministerio Público cuenta con una Fiscalía de Investigación de Cibercrimen y capacidades para investigar redes y subredes informáticas. Añadió que existe cooperación con entidades internacionales, entre ellas Google, para acceder a información alojada en nubes y servidores privados en investigaciones vinculadas a delitos como crimen organizado, trata de personas y pornografía infantil.
Finalmente, Urioste manifestó que la experiencia acumulada en estos procesos debe permitir que el trabajo especializado contra el crimen organizado continúe más allá de su interinato al frente del Ministerio Público.
