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Caso Hotel Las Américas: “No tenemos suficiente confianza con ese señor”, afirma Tóásó sobre el procurador

El sobreviviente del operativo policial en el Hotel Las Américas, Előd Tóásó, cuestionó la imparcialidad del actual procurador general del Estado, Hugo León La Faye, por su presunta sociedad profesional con el exministro de Gobierno Walker San Miguel. Durante una entrevista en el programa De Primera Mano, afirmó que esa relación le genera desconfianza sobre la actuación de la Procuraduría en el proceso internacional por los hechos de 2009.

“Y el actual procurador que tiene una sociedad con un exministro del gobierno Evo Morales”, manifestó Tóásó al referirse a La Faye. El entrevistado sostuvo que algunas víctimas del caso difundieron fotografías que, según su explicación, mostrarían la relación profesional entre el procurador y San Miguel, mediante un bufete de abogados.

Tóásó también acusó al procurador de haber presentado información falsa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “También mentía para la corte el señor procurador porque dijo que nosotros tuvimos una solución amistosa”, declaró. Añadió que las víctimas tuvieron que desmentir esa versión: “No es verdad, no tenemos ninguna solución amistosa, y la corte rechazó su intento”.

El sobreviviente cuestionó además que la Procuraduría mantenga, según su versión, una postura ante la opinión pública y otra diferente ante la instancia internacional. “La actuación de Procuraduría es totalmente diferente en frente de la Corte y en frente de la población o frente de la prensa”, afirmó.

Tóásó calificó esa actuación como “una doble moral” y “un bipolarismo gubernamental”. También expresó: “Yo pienso que no tenemos suficiente confianza con ese señor”, en referencia al actual procurador.

Durante la entrevista, Tóásó sostuvo que desde 2009 no existe una investigación real sobre los hechos ocurridos en el Hotel Las Américas, en Santa Cruz. “Hasta hoy no hay ninguna investigación real”, afirmó. También denunció que durante el operativo hubo una ejecución extrajudicial, torturas y vulneraciones al debido proceso.

El sobreviviente mencionó la existencia de denuncias particulares en Santa Cruz, un juicio de responsabilidades en La Paz y otro proceso impulsado por la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, aclaró que no conoce en detalle el avance de esas causas porque no forma parte de ellas.

Explicó que acudieron a instancias internacionales luego de considerar que no encontrarían justicia en Bolivia. Señaló que el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria concluyó que su detención fue ilegal y arbitraria, y recomendó al Estado boliviano su liberación y la reparación por los daños ocasionados.

También indicó que el caso pasó por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que actualmente se encuentra ante la Corte Interamericana. Según informó, una audiencia prevista para el 21 de septiembre fue suspendida y, hasta el momento de la entrevista, no habían recibido una nueva notificación.

Tóásó se refirió además a una citación para declarar dentro de las investigaciones en Santa Cruz. Afirmó que se habría advertido con detenerlo si no comparecía, pese a que reside fuera del país. Sostuvo que no tiene intención de retornar a Bolivia porque considera que hacerlo sería peligroso para él.

Al referirse a un eventual juicio de responsabilidades contra Evo Morales y Álvaro García Linera, Tóásó sostuvo que cualquier proceso debe respetar las garantías judiciales. Cuestionó que la Ley 044 no contemple una instancia de apelación y advirtió que no se deben vulnerar los derechos de las personas sometidas a juicio.

“Debe haber un proceso bastante serio e imparcial y sin ninguna violación de derechos humanos”, manifestó. También recordó que esa norma fue promulgada durante el gobierno de Morales y García Linera, en 2010.

Finalmente, señaló que continúa recibiendo apoyo psicológico para afrontar los temores y traumas que, según dijo, le dejaron los hechos de 2009. También mencionó el caso Porvenir y las detenciones preventivas prolongadas, que atribuyó a la aplicación retroactiva de la Ley 007.

Tóásó expresó que espera que, una vez concluido su proceso ante la Corte Interamericana, pueda ayudar a otras personas que consideran vulnerados sus derechos a encontrar justicia en Bolivia.

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