El analista económico sostuvo que el presupuesto reformulado será de aplicación limitada, mantiene una fuerte dependencia del endeudamiento y no contempla un ajuste de fondo en las empresas públicas deficitarias.
El analista e investigador económico Fernando Romero afirmó que el Presupuesto General del Estado (PGE) Reformulado 2026 representa un avance respecto al heredado de la anterior administración, pero advirtió que no resuelve los problemas estructurales de la economía boliviana y tendrá un margen de aplicación de apenas tres o cuatro meses.
Durante una entrevista en el programa De Primera Mano, Romero señaló que el nuevo presupuesto mantiene un elevado gasto público, una fuerte dependencia del financiamiento mediante deuda y una estructura centralista que limita los recursos destinados a gobernaciones, municipios y universidades.
«En términos generales todavía se mantiene una línea en la cual se puede identificar que el presupuesto es burocrático y centralista», sostuvo.
El economista explicó que uno de los principales desafíos sigue siendo el déficit fiscal, que durante los últimos 12 años se mantuvo de forma consecutiva, situación que, a su juicio, no cambia de manera sustancial con el presupuesto reformulado.
«Todavía tiene un nivel importante de financiamiento mediante deuda pública. Bolivia está endeudada en más del 80% respecto a su Producto Interno Bruto», indicó.
No obstante, destacó algunos aspectos positivos del proyecto, como una mayor asignación de recursos para salud y educación, la creación de nuevos ítems y una mayor apertura a la cooperación internacional y al trabajo conjunto con el sector privado.
Aun así, consideró que los cambios son insuficientes frente a la magnitud de la crisis económica.
«Los cambios todavía son muy superficiales para la cirugía que requiere la economía nacional», afirmó.
Romero señaló que el verdadero desafío será la elaboración del presupuesto de 2027, ya que el actual tendrá un periodo de ejecución reducido y difícilmente permitirá alcanzar las metas macroeconómicas planteadas por el Gobierno.
En ese contexto, estimó que la inflación cerrará la gestión en dos dígitos, entre el 12% y el 15%, mientras que el crecimiento económico podría registrar una contracción cercana al 3%, en línea con las proyecciones de organismos internacionales.
El analista también cuestionó que el presupuesto no contemple una reducción significativa del gasto destinado a empresas públicas deficitarias.
«El Gobierno sigue apostando a empresas estratégicas nacionales, gran parte de ellas deficitarias, y no ha habido un recorte sustancial», manifestó.
Añadió que existen empresas cuya continuidad carece de sentido económico y que deberían ser evaluadas para un cierre planificado, citando como ejemplo el ingenio azucarero de San Buenaventura.
«Nadie está hablando de privatizar, pero sí se debería paralizar aquellas entidades públicas que solamente generan pérdidas», concluyó.