Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) retiró el recurso de apelación restringida que había presentado dentro del proceso penal seguido contra comunarios del municipio de Entre Ríos, en Tarija, ratificando así la sentencia absolutoria emitida en su favor y abriendo una nueva etapa de diálogo para impulsar el desarrollo del proyecto gasífero Tariquía.
La estatal informó que el desistimiento fue presentado ante la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, como parte de una estrategia orientada a priorizar la concertación con las comunidades involucradas. Además, anunció que promoverá un acuerdo transaccional extraprocesal con el objetivo de cerrar definitivamente el conflicto por la vía legal.
El presidente ejecutivo de YPFB, Sebastián Daroca Oller, sostuvo que la decisión busca generar las condiciones necesarias para avanzar en el proyecto mediante consensos con la población.
“Estamos desistiendo de la apelación no por debilidad, sino por la convicción de que el camino correcto es el diálogo y la construcción de acuerdos para bien de las comunidades, del departamento y del país. Queremos preservar nuestros recursos naturales y avanzar de manera conjunta”, afirmó.
Daroca anunció que la empresa estatal gestionará el archivo definitivo del proceso judicial y convocará a instituciones y representantes de las comunidades para instalar mesas de trabajo técnico, con el propósito de atender las observaciones existentes y construir acuerdos sobre el desarrollo del proyecto.
Los comunarios habían sido procesados por los presuntos delitos de obstaculización de funciones y atentado contra el derecho al trabajo, tras las protestas realizadas contra las actividades de exploración hidrocarburífera en Tariquía. Sin embargo, fueron absueltos al concluir el juicio.
El proyecto gasífero en la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía ha generado posiciones encontradas durante los últimos años. Mientras el Estado considera que su desarrollo es estratégico para fortalecer la producción de hidrocarburos, sectores ambientalistas y comunidades de la zona expresaron preocupación por los posibles impactos sobre el ecosistema y las actividades productivas locales.
Según YPFB, el proceso judicial iniciado en 2022 y el conflicto social en torno a la exploración fueron algunos de los factores que dificultaron el avance del proyecto. Con el retiro de la apelación, la estatal considera que se elimina uno de los principales focos de controversia y se abre la posibilidad de avanzar mediante el diálogo con las comunidades involucradas.