El expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) se mantiene en observación en un hospital de Lima al que fue trasladado este lunes tras presentar una «frecuencia cardíaca irregular», informó el sistema de seguridad social EsSalud.
El organismo detalló, en un comunicado publicado en sus redes sociales, que Fujimori fue trasladado durante la noche de este lunes al servicio de emergencia del Hospital II Vitarte desde la prisión en la que cumple 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad.
«El personal médico de turno logró estabilizar al paciente y se encuentra en sala de observación. También se ha indicado exámenes auxiliares», añadió.
Fujimori, de 84 años, ha sido internado en los últimos años en varias ocasiones por presentar problemas cardíacos y fibrosis pulmonar, y también padece de gastritis y unas lesiones en la lengua conocidas como leucoplasia, que son consideradas precancerígenas.
El exgobernante fue llevado en junio del año pasado al mismo hospital de la seguridad social tras presentar un cuadro de urticaria alérgica por el que los médicos recomendaron su internamiento en una unidad de cuidados intensivos (UCI), en previsión de complicaciones por los problemas cardíacos que padece.
Sin embargo, fue trasladado luego por su familia a la clínica Centenario, en el distrito limeño de Pueblo Libre, donde es tratado habitualmente de los males propios de su avanzada edad.
A inicios de febrero de 2022 fue llevado de vuelta a la prisión policial tras haber sido internado en noviembre de 2021 al presentar complicaciones por una fibrosis pulmonar, un mes después de haber sido intervenido por la obstrucción de una arteria del corazón.
Fujimori cumple su condena en una cárcel construida expresamente para él dentro de una base policial del distrito de Ate, en el este de Lima, donde desde diciembre pasado también está recluido el exgobernante Pedro Castillo, quien cumple 18 meses de prisión preventiva tras haber intentado dar un golpe de Estado.
El pasado 1 de febrero, el Noveno Juzgado Constitucional de Lima declaró improcedente un hábeas corpus que pedía que se anulen las sentencias emitidas en 2009 en su contra por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, cometido por el grupo militar encubierto Colina, así como por los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer.
El tribunal consideró que durante el juicio al que fue sometido Fujimori no se vulneraron sus derechos constitucionales e indicó que el deterioro de su estado de salud es un argumento de «distinta naturaleza» a lo señalado al momento de interponer el recurso.