El analista financiero Jaime Bravo señaló que las dificultades en la administración de empresas públicas en Bolivia no solo responden a problemas de gestión, sino también a un marco normativo que, según afirmó, se ha consolidado en los últimos 20 años y que condiciona el funcionamiento del aparato estatal.
Durante una entrevista, explicó que cualquier decisión sobre el cierre o reestructuración de empresas deficitarias debe seguir procedimientos establecidos. “El ministro justamente dijo que las empresas deficitarias, las que hayan sido abiertas por decreto supremo, el gobierno las va a cerrar. Hay plazos que cumplir, no es tan fácil como decir la cierro”, indicó.
Bravo remarcó que la administración pública está sujeta a reglas que complejizan la toma de decisiones. “Tiene que haber administración de talento humano, recursos humanos. No es sólo cerrarla, sino ver qué destino va a tener para recuperar algo de los recursos”, sostuvo.
En su análisis sobre empresas estatales como BoA (Boliviana de Aviación), señaló que existen problemas de gestión y sostenibilidad operativa, además de cuestionamientos sobre el funcionamiento del mercado en el que opera.
El eje central de su evaluación, sin embargo, estuvo en el marco institucional. “Hay un entramado jurídico que ha creado el gobierno de Movimiento Socialismo, especialmente estos últimos 20 años, en el cual se han puesto muchos candados jurídicos”, afirmó.
Según explicó, este diseño normativo ha generado limitaciones en la capacidad de gestión del Estado. “No es tan fácil como cerrar una empresa privada. En el Estado hay leyes, normas y decretos que condicionan la administración y también generan responsabilidades si no se siguen los procedimientos legales”, agregó.
Bravo concluyó que el debate sobre las empresas públicas debe centrarse en su eficiencia, viabilidad técnica y revisión del modelo de gestión estatal acumulado en las últimas dos décadas.