La Justicia determinó enviar con detención preventiva por seis meses al penal de San Pedro al dirigente de la Federación Departamental de Juntas Vecinales de La Paz, Justino Apaza, investigado por presuntos delitos vinculados a terrorismo, financiamiento al terrorismo y hechos relacionados con las movilizaciones registradas en el país.
Un juez dispuso este viernes la detención preventiva por seis meses en la cárcel de San Pedro para el dirigente de la Federación Departamental de Juntas Vecinales de La Paz, Justino Apaza, dentro de un proceso que investiga presuntos delitos de terrorismo, financiamiento al terrorismo, asociación delictuosa e instigación pública a delinquir.
La decisión judicial fue asumida tras la audiencia cautelar desarrollada luego de la aprehensión del dirigente, ocurrida el miércoles en el marco de investigaciones vinculadas a las movilizaciones y hechos de violencia registrados en distintas regiones del país.
La defensa de Apaza cuestionó la resolución y aseguró que se trata de una determinación con motivaciones políticas. “Esta decisión, más allá de que fuera un tema jurídico, es una decisión política. Sabemos que el Estado está tratando inicialmente de silenciar a las voces o a los portadores de esas voces”, afirmó su abogado defensor, Curmi Rocha, quien anunció la presentación de una apelación.
Según la defensa, durante la audiencia se expusieron elementos orientados a desvirtuar los riesgos procesales planteados por la Fiscalía, entre ellos la acreditación de domicilio, actividad laboral como artesano y arraigo familiar del dirigente.
Rocha también observó la calificación jurídica planteada por el Ministerio Público, señalando que uno de los elementos considerados como presunta asociación delictuosa corresponde a un acuerdo firmado entre organizaciones sociales legalmente constituidas y con reconocimiento jurídico.
Apaza es identificado como uno de los dirigentes que impulsó el cabildo realizado el martes en la ciudad de El Alto, encuentro en el que sectores movilizados ratificaron las protestas y demandas políticas dirigidas al Gobierno del presidente Rodrigo Paz.
Con esta determinación judicial, el dirigente permanecerá recluido preventivamente mientras avanzan las investigaciones y se resuelven los recursos legales anunciados por su defensa.