El ministro de Economía afirmó que también se identificaron cobros dobles y beneficiarios inexistentes. Sostuvo que el Registro Social de Hogares permitirá evitar estas irregularidades.
El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, denunció este miércoles la existencia de presuntas irregularidades y hechos de corrupción en el cobro de bonos sociales, entre ellos casos de personas que figuraban como tutores de hasta 67 menores de edad para recibir beneficios económicos.
La denuncia fue realizada durante la sesión de la Cámara de Diputados, en la que se debatió y aprobó el crédito de 500 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destinado al Programa de Fortalecimiento del Sistema de Protección Social en Bolivia I.
“Nosotros hemos ido identificando en estos últimos meses una gran cantidad de registros de poblaciones que recibían uno u otro bono, que en realidad no existían, o cobros dobles. Papás que son tutores de 40, 50 o hasta 67 niños. Díganme ustedes dónde han visto un papá de 67 niños, todos ellos en edad escolar”, afirmó la autoridad.
Espinoza sostuvo que estas irregularidades formaban parte de una “red de corrupción” que se beneficiaba de recursos destinados a programas de protección social.
Según explicó, uno de los componentes del financiamiento aprobado contempla la creación de un Registro Social de Hogares, al que se destinarán 12,5 millones de dólares, con el objetivo de mejorar la identificación de beneficiarios y reducir este tipo de hechos.
“Queremos evitar que en el futuro, este y cualquier gobierno que venga tenga la posibilidad de establecer esos mecanismos de corrupción a título de protección social. Si uno tiene un registro social de hogares puede determinar quiénes son los que necesitan esos recursos y las nuevas transferencias”, señaló.
El ministro agregó que también se prevé avanzar en la bancarización y digitalización de los pagos de los bonos sociales para fortalecer los controles y prevenir actos irregulares.
Del total del crédito aprobado por la Cámara de Diputados, 485 millones de dólares serán destinados al financiamiento de la Renta Dignidad mediante el Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE), mientras que 2,5 millones de dólares serán utilizados para evaluaciones y auditorías exigidas por el organismo financiador.
El proyecto de ley fue remitido a la Cámara de Senadores para su tratamiento conforme al procedimiento legislativo.