La investigación por presuntas irregularidades en la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA) alcanzó este jueves a exautoridades del nivel central, luego de que Zenón Mamani, exministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, fuera aprehendido tras presentarse a declarar ante el Ministerio Público.
Mamani acudió a dependencias fiscales junto al también exministro Néstor Huanca, ambos convocados en el marco del proceso que busca esclarecer una serie de observaciones detectadas durante anteriores gestiones en la empresa estatal. Al momento de ser trasladado a celdas policiales, la exautoridad aseguró no tener responsabilidad en los hechos investigados y sostuvo su inocencia.
El exministro asumió funciones el 12 de febrero de 2025, durante el gobierno del expresidente Luis Arce, en reemplazo de Huanca, quien igualmente fue citado por la Fiscalía para brindar su declaración informativa dentro de este caso.
Las investigaciones se originaron tras auditorías internas, denuncias del Viceministerio de Transparencia y procesos impulsados por el Ministerio Público, que evidenciaron presuntos contratos lesivos, daño económico al Estado y posibles hechos de enriquecimiento ilícito en EMAPA, principalmente durante la gestión del exgerente Franklin Flores, dirigente del Movimiento Al Socialismo (MAS).
En el proceso también figuran el propio Flores y el dirigente del sector panificador Rubén Ríos, entre otros implicados. Como resultado de estos hallazgos, el Gobierno dispuso la intervención de la empresa estatal y el inicio de auditorías que derivaron en imputaciones, aprehensiones y detenciones preventivas.
A inicios de la presente gestión, el ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Aguas, Óscar Mario Justiniano, junto al actual gerente de EMAPA, Sergio Raúl Siles, informó que las irregularidades detectadas ya se encuentran en manos de la justicia y que más de 20 personas fueron identificadas dentro de este proceso.
Justiniano reiteró que el Gobierno mantiene una política de “cero tolerancias a la corrupción”, especialmente cuando se trata de recursos destinados a la seguridad alimentaria, y remarcó que será la justicia la encargada de establecer el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados.