A 17 años del denominado caso terrorismo, el abogado Gary Prado aseguró que el proceso dejó “una travesía judicial llena de abuso, de injerencia y de manipulación”, y advirtió que el Estado boliviano podría ser condenado por violaciones a los derechos humanos ante instancias internacionales. Recordó que, aunque en 2020 se retiraron las acusaciones y se absolvió a los implicados, el caso no está cerrado, ya que continúa en la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“Once años fueron un calvario para muchas personas”, afirmó Prado, al detallar que durante la investigación y el juicio se vulneraron múltiples derechos. Entre ellos, mencionó el derecho a la vida en el caso del ciudadano irlandés Michael Dwyer, quien —según sostuvo— “fue asesinado” en el operativo del Hotel Las Américas. “No hubo fuego cruzado… no se resistió… no hay argumento alguno que pueda evitar la figura de asesinato”, enfatizó. Asimismo, señaló que otros implicados “fueron sometidos a torturas”, con evidencias forenses que —según dijo— acreditan golpizas, fracturas y tratos degradantes.
El jurista explicó que también se vulneraron derechos como el juez natural, al trasladar el proceso a La Paz pese a que los hechos ocurrieron en Santa Cruz; las garantías judiciales, al realizar audiencias sin condiciones adecuadas —como en el caso de un ciudadano extranjero sin traductor adecuado—; y la libertad personal, debido a detenciones preventivas que se extendieron por más de 11 años. “Fueron detenidos ilegal e injustamente… once años privados de libertad”, remarcó. Además, denunció la afectación a la honra y dignidad de los acusados, quienes —según dijo— fueron expuestos públicamente como culpables antes de una sentencia.
Prado indicó que cinco víctimas ya activaron mecanismos internacionales y que existe una “convicción” en la instancia interamericana sobre la violación de sus derechos. “Es irrebatible que estas violaciones ocurrieron… no hay forma de que el Estado se descargue”, sostuvo, al anticipar que Bolivia podría recibir una condena en 2026. Explicó que dicha sentencia implicaría no solo reparaciones económicas y morales, sino también la obligación de iniciar procesos penales contra los responsables y aplicar reformas estructurales en el sistema judicial.
En ese contexto, cuestionó la actuación del Estado boliviano en la etapa previa al juicio internacional. “La Procuraduría distrajo a las víctimas… pedía ampliaciones de plazo sin intención de reparar los daños”, afirmó, al señalar que no se avanzó en una solución amistosa pese a las recomendaciones de la Comisión Interamericana.
El abogado también apuntó a responsabilidades políticas en el origen del caso y sostuvo que el operativo fue ordenado durante el gobierno de Evo Morales. “A confesión de parte, relevo de prueba… él dio la orden”, afirmó, al considerar que esto podría derivar en un juicio de responsabilidades. Asimismo, mencionó la participación de exautoridades y operadores judiciales, entre ellos exministros y fiscales, así como policías que —según indicó— habrían intervenido en el operativo y en el proceso posterior.
Finalmente, Prado explicó que una eventual condena internacional obligará al Estado a reabrir procesos en el país. “El juicio penal a los responsables es lo que va a dar el cierre definitivo a esta herida”, sostuvo, al remarcar que el caso aún tiene implicaciones pendientes tanto a nivel nacional como internacional.