El exdiputado Enrique Urquidi afirmó que el caso Botrading “simboliza uno de los casos de corrupción, si no el más escandaloso” vinculado a YPFB, al referirse a un presunto entramado que habría ocasionado un millonario daño económico al Estado. Según explicó, la comisión especial de la Cámara de Diputados que investigó el caso identificó inicialmente un perjuicio de 355 millones de dólares, aunque —según indicó— la Fiscalía elevó la cifra a cerca de 850 millones. “Nos quedamos cortos… la investigación ha identificado un daño de casi 850 millones de dólares”, sostuvo.
Urquidi explicó que Botrading fue constituida en Paraguay como “una empresa totalmente artificial” que operó como intermediaria en la compra de combustibles, permitiendo —según su versión— “inflar los costos” y direccionar procesos de contratación. “No hubo una competencia transparente entre varias empresas, sino convocatorias total y absolutamente direccionadas”, afirmó, al señalar que incluso se adjudicaron contratos pese a que la firma presentaba ofertas más caras. “Hubo casos en los que ofrecía cinco millones de dólares más caro el combustible y aun así se le adjudicaba”, agregó.
En ese contexto, el exlegislador señaló que, de acuerdo con la investigación parlamentaria, Armin Dorgathen habría tenido un rol central dentro de YPFB en la estructura que permitió estas adjudicaciones. Asimismo, indicó que Sandra Bethania Otazú figuraba como representante de la empresa en Paraguay, a quien describió como alguien que “fungía como juez y parte”, al firmar contratos de asesoría con la misma firma. “Prestó su nombre y su estudio jurídico para que funcione este esquema”, afirmó.
Urquidi también mencionó que, según declaraciones recogidas en la comisión, Marcelo Arce Mosqueira habría sido vinculado en el caso, aunque su convocatoria a declarar no prosperó. “Pedimos que sea convocado, pero hubo un bloqueo que evitó que se presente ante la comisión”, aseguró, al sostener que existían elementos que ameritaban su comparecencia.
Respecto al avance del proceso, el exdiputado cuestionó la actuación del Ministerio Público y habló de una “dilación” en la investigación. “La Fiscalía ha tardado meses en imputar y eso ha permitido que algunos implicados huyan del país”, afirmó, al mencionar que varios de los señalados no se presentaron ante la justicia o se encuentran fuera del territorio nacional.
Finalmente, Urquidi insistió en que existen “pruebas contundentes” dentro del informe aprobado por más de dos tercios de la Cámara de Diputados, y pidió que el caso avance hasta esclarecer responsabilidades. “Tenemos que exigir que llegue hasta sus últimas instancias… para que los autores materiales e intelectuales paguen”, concluyó.