El Estado boliviano inició procesos de fiscalización para revisar la actuación de exfuncionarios en el arbitraje internacional contra la empresa BBVA Previsión, luego de que la justicia de Países Bajos ratificara la obligación de pago de alrededor de 105 millones de dólares por la nacionalización de la AFP Previsión. El Gobierno atribuye el origen del caso a decisiones adoptadas en gestiones anteriores.
La Procuraduría General del Estado informó que las auditorías buscan determinar si la defensa legal del país fue adecuada durante el proceso arbitral iniciado en 2017 y resuelto en 2022. En caso de identificarse responsabilidades, se prevé impulsar acciones legales para recuperar posibles daños económicos al patrimonio público.
Por su parte, la Gestora Pública aseguró que el fallo no compromete los fondos de pensiones, al tratarse de recursos independientes y protegidos por normativa. El Ejecutivo, entretanto, evalúa alternativas para cumplir con la obligación internacional sin afectar la estabilidad fiscal del país.