Las nuevas autoridades de las gobernaciones que asumirán funciones el próximo 4 de mayo enfrentarán un escenario financiero complejo, marcado por la reducción sostenida de ingresos y la necesidad de ajustes en el gasto público, según el análisis del especialista en gestión y políticas públicas, Vladimir Ameller.
En entrevista, el experto advirtió que el país atraviesa un momento de fuerte restricción fiscal que impacta directamente en los gobiernos subnacionales. “Estamos viviendo un momento muy crítico, tan crítico como aquel del 85 hace más de 40 años”, señaló, al referirse al contexto económico actual.
Ameller explicó que los ingresos de las gobernaciones han disminuido de forma progresiva desde 2016, tras un periodo de crecimiento que alcanzó su pico en 2015. Actualmente, las entidades departamentales manejan recursos significativamente menores, lo que limita su capacidad de inversión y gestión.
“El presupuesto conjunto de las nueve gobernaciones no alcanza al de dos ciudades como Santa Cruz y La Paz”, afirmó, al señalar la debilidad institucional derivada de la caída de recursos.
En ese contexto, el especialista sostuvo que las nuevas autoridades no solo deberán gestionar menores ingresos, sino también encarar procesos de racionalización del gasto. “No solamente se va a expresar en la necesidad de cubrir gastos pidiendo más ingresos, sino en un esfuerzo de reducción del gasto”, indicó.
Respecto a la propuesta del denominado esquema 50/50, Ameller explicó que este plantea una reorganización de competencias y recursos entre niveles de gobierno, más que una simple transferencia inmediata de fondos.
“El 50/50 no es asignación directa de recursos, sino un proceso de reasignación de competencias a través de transferencias y delegaciones en el gasto y en el ingreso”, precisó.
Asimismo, el analista advirtió que el actual diseño autonómico presenta limitaciones estructurales, debido a la dependencia de las gobernaciones de los ingresos por hidrocarburos y a la falta de generación de tributos propios.
Finalmente, señaló que el debate sobre descentralización y autonomía debe enfocarse en la capacidad real de gestión de cada nivel de gobierno. “Si los servicios públicos se prestan bien, debemos seguir adelante; si no, es momento de revisar”, concluyó.