El Ministerio de Obras Públicas reveló un daño económico superior a los 18,4 millones de bolivianos en la aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BoA), asociado a la apertura de la ruta Santa Cruz–La Habana durante la gestión del gobierno de Luis Arce Catacora.
La información fue presentada junto al Viceministerio de Transparencia y Seguridad Jurídica, que aseguró que el caso surge de una investigación y auditoría coordinada. “Se ha realizado una investigación, un trabajo coordinado entre ambas entidades que ha dado como resultado un hecho que compromete no solamente contravenciones de tipo administrativo, sino que hemos evidenciado un accionar que ha provocado más de 18 millones de bolivianos de daño económico”, afirmó el viceministro Yamil García.
Según el reporte oficial, la operación internacional “tenía que estar precedida de un informe de viabilidad, de un informe técnico que acredite la rentabilidad de estas operaciones”, requisito que no se habría cumplido antes del inicio de la ruta.
Las autoridades detallaron que la falta de pasajeros fue una constante, con vuelos que “inclusive el 19 de septiembre de 2024 iba este avión con tan solo 11 pasajeros, es decir, con más de 150 asientos vacíos”, en aeronaves con capacidad para 168 viajeros.
El informe estima que cada vuelo generó más de 25 mil dólares de daño económico por despegue, acumulado entre octubre de 2023 y septiembre de 2025, periodo en el que la ruta mantuvo baja ocupación.
A ello se suman aproximadamente 4 millones de bolivianos adicionales por operaciones financieras. Según la auditoría, BoA “adquiere divisas en el mercado paralelo” y lo que se había previsto pagar en 6,96 terminó pagando en 17,5, lo que representa un incremento de hasta 151%. También se identificó el pago de comisiones de 10% a intermediarios financieros.
El viceministro agregó que BoA realizó el traslado de dinero en efectivo hacia Cuba: “ha llevado más de 11 millones 800 mil bolivianos en efectivo a La Habana”, fuera del sistema bancario internacional, lo que generó observaciones de entidades financieras externas y el cierre de cuentas de la aerolínea en el exterior.
Asimismo, se señaló que la decisión de apertura de la ruta habría estado guiada por criterios no técnicos. “Se señala que el inicio de operaciones se encuentra planificado de acuerdo al compromiso presidencial”, indicó la autoridad, al cuestionar que no se cumpliera con la evaluación técnica previa.
El Viceministerio de Transparencia formalizó una denuncia ante el Ministerio Público contra seis exautoridades de BoA por los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes. El caso fue admitido y se encuentra en etapa de investigación.
De acuerdo con el informe, los estudios de viabilidad recomendaban priorizar rutas como Córdoba o Bogotá, con mayor demanda comercial, pero estas no fueron consideradas en la decisión final.
El proceso continúa en instancias judiciales para la determinación de responsabilidades en el manejo de los recursos públicos durante la gestión del gobierno de Arce Catacora.