Bolivia deberá desembolsar 105 millones de dólares a favor del BBVA tras perder un arbitraje internacional vinculado a la nacionalización del sistema de pensiones.
La resolución se dio luego de que el Tribunal Supremo de los Países Bajos desestimara el último intento del Estado boliviano por revertir el fallo.
El conflicto se originó en 2010, durante el gobierno de Evo Morales, cuando se transfirió la administración de los fondos de pensiones al manejo estatal.
El banco BBVA sostuvo que el proceso fue desordenado y afectó sus operaciones, lo que derivó en una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
Bolivia intentó anular el laudo emitido en 2022, pero sus impugnaciones fueron rechazadas.