Un conflicto por la propiedad de una vivienda en Villa Salomé, La Paz, derivó en un procedimiento de desapoderamiento que afectó a una familia con cuatro niños y dos adultos mayores. El caso expone los riesgos de otorgar poderes notariales sin verificar las facultades que conceden y la importancia de revisar los documentos antes de firmarlos.
“Hay que leer los documentos. Hay que cerciorarse de qué uno está firmando”, advirtió el entrevistador del programa De Primera Mano al abordar el caso, en el que, según la explicación del presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) de La Paz, Emilio Loza Cruz, un poder otorgado inicialmente para regularizar la documentación de una propiedad habría terminado con facultades más amplias.
Loza explicó que, según los antecedentes conocidos por la organización, una pareja otorgó un poder a su hijo y posteriormente este extendió otro documento a favor de la pareja de su madre. De acuerdo con su versión, el poder habría sido ampliado para permitir la venta y otras operaciones sobre el inmueble, situación que derivó en una transferencia cuestionada por los propietarios originales.
Durante la entrevista, el representante de la APDH señaló que la propiedad habría sido vendida por Bs 15.000, pese a que su valor estimado superaría los $us 65.000. El monto y las circunstancias de la transferencia, sostuvo, son aspectos que pueden ser examinados dentro del proceso correspondiente.
El entrevistador también llamó la atención sobre la confianza que las personas depositan en familiares, parejas o amistades al momento de realizar trámites legales. “La confianza no siempre es buena, más aún cuando tiene que ver con temas legales”, manifestó al explicar que un documento firmado para un trámite específico puede generar consecuencias distintas si otorga facultades que el propietario no tenía previsto conceder.
En relación con el desalojo, se difundieron imágenes en las que se observa a efectivos policiales intervenir en el inmueble, derribar parte de una pared y forzar el acceso a la vivienda, mientras familiares intentaban impedir el procedimiento. Loza cuestionó la forma en que se ejecutó la intervención y sostuvo que el desapoderamiento no debería implicar enfrentamientos violentos ni destrozos en la infraestructura.
El Presidente de la APDH precisó que la organización se apersonó al caso para observar posibles vulneraciones de derechos, principalmente por la presencia de cuatro menores de edad y dos adultos mayores. Aclaró que su intervención no tenía como objetivo determinar quién es el propietario legal del inmueble, sino verificar las posibles afectaciones a las personas involucradas.
“En ningún momento debe tener esta confrontación violenta, destrozo de la infraestructura”, sostuvo Loza al referirse al operativo. Asimismo, cuestionó la presencia de personas encapuchadas durante la intervención policial y pidió examinar las circunstancias en las que se desarrolló el procedimiento.
Como recomendación preventiva, el representante de Derechos Humanos pidió verificar cuidadosamente el contenido de los poderes notariales y limitar sus facultades al trámite que se pretende realizar. “Los poderes que van a dar, revísenlos, véanlos, que les faculte específicamente el hecho que tienen que hacer”, señaló.
El entrevistador también alertó sobre los riesgos de firmar documentos sin comprobar su contenido y recordó que situaciones similares pueden afectar a personas que buscan realizar trámites de regularización, pagos de impuestos o gestiones relacionadas con sus viviendas.
Loza recomendó, además, verificar la documentación y la situación jurídica de los inmuebles antes de comprarlos, así como denunciar posibles irregularidades ante las instancias competentes. Mencionó que existen conflictos relacionados con registros de propiedades y partidas duplicadas que requieren atención de las autoridades correspondientes.
El caso de Villa Salomé deja una advertencia para la población: antes de otorgar un poder o firmar cualquier documento relacionado con un bien inmueble, es importante leer todas sus cláusulas, confirmar qué facultades se están concediendo y solicitar asesoramiento cuando existan dudas. La confianza personal no reemplaza la revisión legal de los documentos.