Legisladores de distintas fuerzas políticas exigieron al Ministerio Público esclarecer la autenticidad y el contenido de 11 grabaciones atribuidas al exasesor presidencial Fernando Cerimedo y a autoridades del Gobierno, de la Policía y otros actores. Los parlamentarios pidieron que se realicen verificaciones técnicas y se investiguen las denuncias sobre posibles hechos de corrupción y vulneraciones de derechos humanos.
La diputada de AP Claudia Herbas cuestionó la falta de avances y pidió explicaciones al fiscal general interino, José Armando Urioste. “Aquí lo que necesitamos son respuestas”, declaró, al exigir que el Ministerio Público investigue las denuncias vinculadas con las grabaciones. También anunció que corresponde solicitar un informe escrito sobre las actuaciones realizadas por la Fiscalía.
Herbas sostuvo que, a su criterio, la mayoría de los audios no habría sido modificada mediante inteligencia artificial. “Yo entiendo que lo haya puesto el presidente, pero haga su trabajo”, manifestó, dirigiéndose a Urioste.
Por su parte, la diputada de Unidad Nacional Khaline Moreno pidió establecer primero si las grabaciones son auténticas, falsas o fueron alteradas digitalmente. “Estamos solicitando que se haga la verificación de la veracidad o no de estos audios”, señaló. Añadió que los resultados permitirán a los legisladores pronunciarse con mayor certeza sobre su contenido y sus posibles implicaciones.
La diputada del PDC Catherine Pinto cuestionó la forma en que se difundió el material y advirtió sobre las consecuencias que podría tener para eventuales procesos judiciales si las pruebas no fueron obtenidas legalmente. “Las pruebas tienen que ser obtenidas de forma lícita para un proceso judicial”, afirmó. Asimismo, pidió que quienes tengan información relevante la presenten por los canales correspondientes y consideró que la difusión podría responder a una estrategia mediática contra el Gobierno.
El diputado de Unidad Álvaro Casazola, en tanto, reclamó independencia al fiscal general interino y pidió que las investigaciones no respondan a intereses del Ejecutivo. “Este fiscal interino no tiene que estar acorde a las decisiones del gobierno; tiene que trabajar por todos los casos y transparentar la información”, sostuvo.
Casazola también pidió profundizar las investigaciones relacionadas con Cerimedo, el narcotraficante Sebastián Marset y el exfiscal general Roger Mariaca. Solicitó determinar si existen autoridades gubernamentales u otros funcionarios involucrados y establecer responsabilidades en caso de comprobarse irregularidades.
Las grabaciones comenzaron a difundirse el 31 de agosto, cuando se conoció un primer audio atribuido a una conversación entre Cerimedo y la primera dama, María Elena Urquidi, sobre cambios en la Policía. Posteriormente aparecieron otros materiales relacionados, presuntamente, con el presidente Rodrigo Paz, ministros, autoridades policiales, el exfiscal general Roger Mariaca y dirigentes políticos.
Entre los temas mencionados en las grabaciones figuran los bloqueos y la posibilidad de aplicar un estado de excepción, los conflictos en San Julián, supuestas gestiones para obtener identidades falsas para policías, asuntos vinculados con el narcotráfico y presuntas coordinaciones para iniciar procesos contra abogados.
Los audios posteriores también involucraron, según las atribuciones difundidas, al diputado Alejandro Reyes, al ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, y al empresario y dirigente político Samuel Doria Medina. Reyes reconoció haber conversado con Cerimedo, pero afirmó que el audio fue manipulado. Zamora y Doria Medina también rechazaron la autenticidad de las grabaciones que les fueron atribuidas.
El undécimo audio se difundió el 26 de octubre y fue atribuido nuevamente a Cerimedo y a Urquidi. El material estaría relacionado con presuntas disputas por contratos de hidrocarburos.
Hasta el momento, las atribuciones y el contenido de estas grabaciones requieren verificación. Los legisladores coincidieron en pedir que el Ministerio Público determine su autenticidad, establezca las circunstancias en las que fueron obtenidas y, si corresponde, investigue los hechos denunciados.