El abogado Gary Prado Araúz afirmó que un eventual juicio de responsabilidades contra el expresidente Evo Morales y el exvicepresidente Álvaro García Linera requiere modificaciones a la Constitución Política del Estado y a la normativa vigente para garantizar el derecho a la apelación. El planteamiento se enmarca en las investigaciones relacionadas con el caso Hotel Las Américas de 2009 y las denuncias de presuntas vulneraciones de derechos humanos durante el operativo.
Durante una entrevista en el programa De Primera Mano, Prado explicó que el proceso ante el sistema interamericano de derechos humanos está dirigido contra el Estado boliviano y no contra personas individuales. Según indicó, una eventual sentencia podría obligar al Estado a juzgar a los responsables de las vulneraciones identificadas.
“Resumiblemente es responsable Evo Morales, porque él ordenó el operativo. Álvaro García Linera, que lo materializó. Alfredo Rada, que era el ministro de gobierno”, sostuvo el abogado, quien también mencionó al general Jorge Santisteban, entonces jefe de Inteligencia, y a funcionarios policiales que participaron en el operativo.
Prado señaló que las personas mencionadas podrían afrontar responsabilidades penales, pero remarcó que cualquier proceso debe respetar la presunción de inocencia. “Hay que juzgarlos presumiendo que son inocentes”, afirmó.
Sobre la posibilidad de iniciar un juicio de responsabilidades contra Morales y García Linera, explicó que existe un obstáculo normativo: la Constitución y la ley establecen que este tipo de proceso se desarrolla en una sola instancia, mientras que la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce el derecho a recurrir una sentencia penal ante una instancia superior.
“Entonces, hay que modificar la constitución y la ley de juicio para garantizar que haya una instancia de apelación de cualquier sentencia condenatoria”, manifestó.
El abogado también indicó que el Tribunal Supremo de Justicia devolvió la proposición acusatoria por errores que deben subsanarse y que, además, recordó a la Asamblea Legislativa la necesidad de modificar la ley de juicio de responsabilidades y, posiblemente, la Constitución.
Otra de las vías mencionadas por Prado es una denuncia presentada en Santa Cruz por personas que fueron perseguidas y procesadas en el caso de supuesto terrorismo. Según explicó, esta acción busca investigar presuntos delitos cometidos durante la tramitación de la investigación y el juicio, pero no incluye a Morales ni a García Linera.
El jurista cuestionó el alcance de esa denuncia, que involucra a 153 personas, y consideró que podría ser observada y requerir correcciones para delimitar de manera más objetiva los hechos y las responsabilidades denunciadas.
En ese contexto, Prado identificó tres escenarios: un proceso internacional contra el Estado boliviano, un eventual juicio de responsabilidades que requiere adecuaciones legales y una investigación ordinaria en Santa Cruz por presuntos delitos cometidos durante el proceso judicial del caso Hotel Las Américas.
El caso se remonta al 16 de abril de 2009, cuando un operativo policial en el Hotel Las Américas, en Santa Cruz de la Sierra, terminó con la muerte de tres personas y la aprehensión de otras dos. La investigación posterior vinculó a ciudadanos bolivianos y extranjeros con una presunta trama terrorista y separatista. Los acusados fueron posteriormente absueltos, tras el retiro de las acusaciones fiscal y particular, según el relato expuesto por Prado durante la entrevista.