El analista en hidrocarburos de la Fundación Jubileo, Raúl Velásquez, afirmó que el Decreto Supremo 5676 tiene como aspecto positivo la incorporación de un precio referencial para el diésel destinado a grandes consumidores, pero advirtió que mantener precios diferenciados puede generar mercados negros y problemas de reventa.
En entrevista con el programa “De Primera Mano”, Velásquez explicó que el Decreto Supremo 5676 establece un precio referencial de Bs 18 por litro para grandes consumidores, mientras que el precio para transportistas, particulares y otros consumidores se mantiene en Bs 9,80.
El especialista consideró que Bolivia enfrenta un problema estructural en el sector hidrocarburos debido a su creciente dependencia de la importación de combustibles.
“Bolivia se ha convertido desde el año 2022 en un importador neto de hidrocarburos”, explicó Velásquez, quien señaló que esta situación hace al país vulnerable a las variaciones del mercado internacional.
Según el analista, importar combustibles implica adquirirlos a precios internacionales, mientras que durante aproximadamente dos décadas el mercado interno mantuvo precios fijos y subvencionados.
Recordó que en diciembre del año pasado el precio del diésel pasó de Bs 3,72 a Bs 9,80 por litro, pero posteriormente volvió a establecerse un precio fijo. A criterio de Velásquez, esta situación mantiene el problema de fondo porque los costos de importación pueden variar mientras el precio interno permanece regulado.
Velásquez señaló que uno de los elementos positivos del Decreto Supremo 5676 es precisamente que introduce un mecanismo de precio referencial vinculado a la cotización internacional.
“Lo bueno que tiene es que genera un precio referencial, es decir, que ya no es un precio fijo, su valor ya no depende de la autoridad de turno, sino que va a tener un mecanismo de vínculo con ese precio internacional”, afirmó.
Explicó que esto no significa que el precio interno necesariamente vaya a ser igual al internacional, sino que debería seguir su tendencia cuando suba o baje.
Sin embargo, cuestionó que el mecanismo se aplique solamente a determinados consumidores.
“Lo que no es positivo es que no sincera el precio para todos, sino solamente para un grupo”, sostuvo.
La norma establece que el precio referencial inicial de Bs 18 se aplica a grandes consumidores y determinados clientes y usuarios directos, mientras que el precio de Bs 9,80 se mantiene para otros consumidores.
Uno de los principales riesgos identificados por Velásquez es la posibilidad de que la diferencia entre ambos precios incentive la reventa.
Explicó que una persona podría adquirir combustible al precio subvencionado para posteriormente venderlo a quienes deberían pagar el precio referencial.
“Esto te genera una sobredemanda de diésel, de gente que quiere comprar este energético, pero para revenderlo. No para consumirlo, sino revenderlo”, manifestó.
A su juicio, esta situación puede perjudicar a quienes realmente necesitan el combustible para desarrollar sus actividades y generar nuevos mercados paralelos.
El analista recordó que durante los bloqueos registrados en Bolivia se llegó a observar la venta de diésel a precios de Bs 25 y Bs 28 por litro mediante redes sociales, por encima incluso de los valores existentes en países de la región.
Ante el riesgo de reventa y contrabando, Velásquez consideró que debe existir una entidad con capacidad efectiva de fiscalización.
En ese sentido, señaló que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) tiene que cumplir un papel central en el control, aunque aclaró que los problemas institucionales no se solucionan únicamente cambiando el nombre de una entidad.
“El problema no pasa por cambiarle el nombre. No podemos simplificar la problemática institucional del sector a un mero cambio de nombre”, afirmó.
Planteó una reestructuración e institucionalización del sector, además de una nueva Ley de Hidrocarburos que establezca claramente las funciones de YPFB, la entidad encargada del control, el sector privado y el Ministerio de Hidrocarburos.
Velásquez sostuvo que el problema de los combustibles no puede resolverse únicamente mediante controles, debido a que la diferencia de precios constituye un incentivo para el contrabando y la reventa.
En su criterio, la solución pasa por sincerar los precios, pero acompañando esa medida con políticas sociales dirigidas a los sectores más vulnerables.
“Es por ello que es importante el sinceramiento de precios, acompañado, por supuesto, de políticas sociales que se tienen que implementar de forma simultánea”, explicó.
Y resumió su posición con una frase que sintetiza su análisis:
“Bolivia ha vivido en una fantasía de 20 años de precios irreales y, lamentablemente, hoy nos toca despertar”.
Consultado sobre si el sinceramiento debería aplicarse a todo el país, Velásquez respondió que, desde su perspectiva, sí.
“Desde nuestro punto de vista, sí, debería ser un sinceramiento para todos”, afirmó.
Consideró que hacerlo por partes puede mantener las distorsiones y favorecer la aparición de mercados negros.
También reconoció que una medida de este tipo tendría un impacto sobre la economía de las familias, pero sostuvo que mantener indefinidamente la subvención puede provocar problemas de abastecimiento cada vez más frecuentes.
“El Estado mismo no puede seguir cubriendo la diferencia y esta subvención de forma eterna”, manifestó.
Según el analista, el precio subvencionado tampoco genera suficientes incentivos para que empresas privadas ingresen al negocio de importación de combustibles, porque no sería rentable comprar a precios internacionales y vender internamente a precios mucho menores.
Durante la entrevista también se planteó la percepción de que la actual crisis de combustibles podría solucionarse con un cambio de Gobierno. Velásquez rechazó esa posibilidad como solución al problema estructural.
“No, de ninguna manera”, respondió.
El analista sostuvo que los gobiernos tienen un periodo de cinco años y que el problema requiere reformas estructurales, independientemente de quién se encuentre en el poder.
“No se trata de cambiar al presidente de YPFB pensando que eso va a solucionar el problema, sino que hay que ir a reformas institucionales, reformas estructurales”, afirmó.
En ese marco, planteó modificar la política hidrocarburífera y actualizar la Ley de Hidrocarburos.
Velásquez señaló además que, según los indicadores que expuso durante la entrevista, la producción de gas natural cayó alrededor de 55%, mientras que la de hidrocarburos líquidos disminuyó aproximadamente 63%. También mencionó una reducción de las exportaciones y de los ingresos provenientes del sector.
El analista afirmó que la crisis energética no es reciente y situó su inicio en junio de 2023, cuando comenzaron a registrarse las filas para adquirir combustibles.
“Bolivia está en una crisis energética desde junio del 2023, cuando empezaron las filas”, sostuvo.
Explicó que la seguridad energética de la población se ve afectada cuando las personas ya no pueden acceder a gasolina o diésel en el momento y lugar que necesitan.
“Ya no puedes cargar gasolina o diésel el momento que tú quieras, en el surtidor que tú quieras, a la hora que tú quieras”, afirmó.
Para Velásquez, garantizar el suministro energético es fundamental para la actividad económica y la vida cotidiana, por lo que considera necesario adoptar medidas de corto plazo y reformas estructurales de largo plazo.
En el corto plazo, Velásquez identificó tres condiciones que considera necesarias para que Bolivia pueda garantizar la importación de combustibles.
La primera es contar con dólares en la economía, debido a que tanto el sector privado como YPFB necesitan divisas para realizar las importaciones.
La segunda es establecer precios reales, ya que, según explicó, ningún operador privado tendría incentivos para importar combustible a precio internacional y venderlo internamente a una fracción de ese valor.
La tercera es mejorar las condiciones logísticas de almacenamiento y transporte, incluyendo la infraestructura necesaria para reducir las dificultades de distribución.
En el largo y mediano plazo, insistió en la necesidad de una nueva Ley de Hidrocarburos que permita atraer inversión nacional y extranjera para la exploración.
“Bolivia los tiene con seguridad, pero hay que encontrarlos”, señaló al referirse a los recursos hidrocarburíferos que podrían existir en el país.
Velásquez sostuvo que el problema no se limita al diésel y la gasolina. También consideró necesario revisar el precio del gas natural.
Explicó que la producción de gas natural viene disminuyendo y que una parte importante de la generación eléctrica del país depende de plantas termoeléctricas que utilizan este energético.
A su criterio, sincerar el precio del gas natural permitiría generar mejores condiciones para atraer inversión en exploración y, al mismo tiempo, favorecería el desarrollo de fuentes renovables.
“Una hidroeléctrica actualmente o una planta solar no puede competir con una termoeléctrica que genera electricidad con gas subsidiado”, afirmó.
Sin embargo, diferenció el caso del GLP, debido a su impacto directo en los hogares de menores ingresos y en personas que utilizan las garrafas como parte de sus actividades económicas.
Por ello, planteó que cualquier modificación en el precio del GLP debe realizarse de manera “muy gradual y muy cuidadosa”.
En conclusión, Velásquez sostuvo que el Decreto 5676 representa un avance al introducir un precio referencial para determinados consumidores, pero consideró que la solución definitiva requiere un sinceramiento general de los precios, políticas sociales para proteger a los sectores vulnerables y reformas estructurales en el sector hidrocarburos.