La empresa informó al Mercado de Valores que fue notificada por un juzgado de Sucre y cuestionó la ejecución de una resolución que, según sostiene, continúa bajo control constitucional y tiene actuaciones pendientes.
La Sociedad Boliviana de Cemento S.A. informó que fue notificada por el Juzgado Público Civil y Comercial 11° de Sucre con un requerimiento de pago de Bs 744.315.432 a favor de FANCESA, con un plazo de 20 días para cumplir la obligación.
SOBOCE señaló que el requerimiento busca ejecutar una resolución que continúa sometida a control constitucional. Según la empresa, la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz tiene pendiente de resolución una solicitud de medida cautelar para paralizar la ejecución mientras se resuelve una queja presentada por presunto incumplimiento de la Resolución Constitucional 136 de 2025, emitida a favor de la compañía.
La empresa cuestionó además el origen del proceso, relacionado con una demanda por supuesta competencia desleal que SOBOCE rechaza. En paralelo, afirmó que lleva 16 años reclamando el pago por la expropiación de sus acciones en FANCESA y sostiene que el Estado no cumplió con el pago del justiprecio establecido en el Decreto Supremo 0616 de 2010.
SOBOCE también denunció la existencia de vicios procesales y cuestionó que la sentencia hubiera incorporado criterios que, según la empresa, no fueron parte de la demanda. Entre ellos menciona el denominado “daño de proyecto de vida” aplicado a una sociedad comercial.
De acuerdo con la posición de la compañía, la eventual ejecución de la obligación podría afectar su liquidez y capacidad de inversión, además de generar efectos sobre sus obligaciones con tenedores de bonos, entidades financieras, inversionistas y otros participantes del mercado de valores.
La empresa advirtió también sobre posibles efectos en el empleo y en otros sectores vinculados a sus operaciones, aunque estos impactos corresponden a una advertencia planteada por SOBOCE ante una eventual ejecución de la obligación.
Finalmente, SOBOCE informó que analiza nuevas acciones legales para defender sus derechos, incluyendo el agotamiento de las instancias nacionales y la posibilidad de recurrir a mecanismos de arbitraje internacional. También señaló que adoptará medidas para preservar los derechos de sus trabajadores y garantizar la continuidad de sus operaciones y el cumplimiento de sus obligaciones.