El Gobierno busca que la Asamblea Legislativa acelere la aprobación del crédito de $us 1.900 millones acordado con el Fondo Monetario Internacional, al considerar que los recursos son necesarios para estabilizar la economía y facilitar el acceso a otros financiamientos externos. Sin embargo, el tratamiento continúa en análisis ante pedidos de información adicional y cuestionamientos sobre el destino del dinero y las condiciones del acuerdo.
“El tema de la aprobación de la norma del Fondo Monetario es muy importante, porque es la apertura a recursos externos que están variando entre $us 5.000 y $us 7.000 millones para inversión en Bolivia”, afirmó el presidente Rodrigo Paz durante la sesión de honor por los 216 años de la gesta libertaria de Cochabamba.
El proyecto de ley se encuentra en la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, que prevé analizarlo este miércoles a las 10:00 con la participación del ministro de Economía, Christian Morales. El presidente de esa comisión, Raúl Párraga, confirmó la convocatoria.
Bolivia y el FMI oficializaron el acuerdo el 29 de julio y, a fines de agosto, el Ejecutivo remitió a la Asamblea el proyecto de ley para respaldar el financiamiento. Los legisladores observaron inicialmente que la documentación enviada no incluía todos los anexos del acuerdo.
El diputado de la alianza Libre José Luis Porcel señaló que el proyecto recibido inicialmente tenía siete páginas y que, pese a la posterior remisión de documentación, todavía existen dudas sobre si se entregó la totalidad de los anexos y sobre el destino específico de los recursos.
“Solamente tenía siete hojitas, y hablaba de un anexo, y nos hicieron llegar algunos anexos, pero queda la duda. Que posiblemente falte un anexo más, porque no conocemos el detalle en qué se van a utilizar los recursos”, afirmó.
Ante los reclamos, el Ministerio de Economía difundió el 10 de septiembre los principales contenidos del acuerdo y publicó el Memorándum de Políticas Económicas y Financieras. Ese mismo día, el ministro Morales participó en una mesa técnica de la Comisión de Planificación para explicar los alcances del convenio.
La diputada del PDC Sandra Rivero sostuvo que la presencia del ministro no despejó todas las dudas de los legisladores y cuestionó que parte de los anexos hubiera sido remitida posteriormente.
Entre sus principales observaciones mencionó la eliminación de las subvenciones a los hidrocarburos y la ausencia de explicaciones sobre eventuales medidas de protección para las familias ante un incremento de precios. También cuestionó la política salarial prevista para 2027 y las condiciones relacionadas con las tasas de interés de la banca privada.
“Se niega la posibilidad que el 2027 se pueda generar algún tipo de alza de sueldos y eso es preocupante, porque por un lado habrá alza en todos los precios, pero los sueldos no van a subir”, afirmó Rivero.
Las observaciones de los legisladores también fueron planteadas por el exministro de Economía Ramiro Cavero, quien cuestionó el alcance de la información entregada a la Asamblea. Señaló que este tipo de acuerdos suele estar acompañado por una carta de intenciones, anexos técnicos, documentos de política económica y proyecciones.
“Este no es un préstamo personal ni es del gobierno, es de todo el país. Y si tú quieres que el Congreso lo apruebe, debería ser absolutamente transparente y dar toda la información y no solo un pedacito”, sostuvo Cavero.
Mientras el Ejecutivo plantea que la aprobación del financiamiento permitirá acceder a mayores recursos externos, el proyecto continúa en revisión legislativa debido a las solicitudes de información y a las dudas expresadas sobre las condiciones y el uso de los $us 1.900 millones.