El juez determinó este sábado la detención preventiva en distintos recintos penitenciarios para el exfiscal general Róger Mariaca, los fiscales Alberto Zeballos y Martín Irusta, además del mayor de la Policía Rubén Aparicio, dentro de una investigación por presunta organización criminal vinculada al narcotráfico.
La audiencia de medidas cautelares se instaló de manera virtual cerca de las 05:00 y se desarrolló desde las dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, FELCN, en El Alto, donde se encontraban los sindicados.
Como parte de la determinación judicial, Mariaca fue enviado al penal de Cantumarca, en Potosí; Zeballos deberá cumplir detención preventiva en El Abra, Cochabamba; Irusta fue destinado al recinto penitenciario de Patacamaya, en la carretera hacia Oruro; mientras que el mayor Aparicio fue enviado a Chonchocoro, en Viacha.
Durante la audiencia, las defensas plantearon diferentes incidentes legales con el objetivo de frenar el proceso y obtener la libertad de los sindicados. Entre ellos se planteó que Mariaca debía ser sometido a un juicio de responsabilidades bajo el marco de la Ley 044. El juez rechazó este planteamiento.
Mariaca y Zeballos fueron aprehendidos la noche del miércoles en el aeropuerto Viru Viru, en Santa Cruz. Irusta fue detenido posteriormente en Sucre, cuando, según la investigación, se encontraba retirando documentación de oficinas de la Fiscalía General del Estado.
El Ministerio Público había solicitado seis meses de detención preventiva para los sindicados. En el caso de Mariaca, la imputación fiscal sostiene como hipótesis que desde el Ministerio Público presuntamente se habría brindado protección al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.
De acuerdo con la imputación, Mariaca habría cumplido un supuesto “rol de protección y ayuda como servidor público” durante el periodo en que ejerció funciones en Santa Cruz y posteriormente como máxima autoridad del Ministerio Público.
El documento sostiene, según la hipótesis fiscal, que desde la Fiscalía se habría generado “una apariencia de cumplimiento” de sus facultades constitucionales, mientras presuntamente se ofrecía protección selectiva a Marset, lo que habría favorecido situaciones de impunidad.
Las acusaciones forman parte de la investigación en curso y deberán ser sustentadas durante el proceso. La responsabilidad individual de los sindicados deberá ser determinada por las autoridades judiciales en el marco del debido proceso.