Álvaro Ayllón aclaró que la norma no contempla a los transportistas de carga, pero advirtió que la medida no resolverá la escasez de diésel y planteó facilitar la importación privada de combustible.
El presidente de la Cámara de Transporte Pesado de La Paz, Álvaro Ayllón, afirmó que el Decreto Supremo 5676 no contempla a los transportistas de carga que abastecen sus vehículos en los surtidores, por lo que la medida no representa una afectación directa para su sector. Sin embargo, advirtió que la disposición tampoco permitirá resolver el problema de las largas filas y la escasez de diésel que enfrenta el país.
Sin embargo, actualmente existen restricciones debido a la escasez.
“Estamos cargando, dependiendo la época, 600, 500 litros”, explicó Ayllón, quien señaló que las largas filas obligan a compartir el volumen de diésel disponible en las estaciones de servicio con otros vehículos.
Consultado sobre si el Decreto 5676 contribuirá a solucionar la escasez de diésel, Ayllón consideró que la medida puede favorecer principalmente a sectores como la minería y la agroindustria, que requieren grandes cantidades de combustible para desarrollar sus actividades.
Explicó que estos sectores anteriormente tenían dificultades para adquirir combustible directamente y debían realizar trámites y solicitar autorizaciones para acceder a los volúmenes que necesitaban.
Con la nueva disposición, señaló, podrán adquirir combustible directamente y, al tratarse de un precio sin subvención para los grandes consumidores, tendrán mayor facilidad para obtener los volúmenes requeridos.
Sin embargo, aclaró que esta situación no resolverá el problema que enfrenta el transporte pesado.
“Este decreto, en realidad, nosotros no vemos que vaya a solucionar el problema de las filas”, afirmó.
Ayllón sostuvo que mientras exista una diferencia entre el precio subvencionado y el precio que deben pagar los grandes consumidores, continuará el incentivo para que algunas personas compren combustible para posteriormente revenderlo.
“Las filas no van a desaparecer. Este decreto no va a ayudar a que las filas disminuyan”, remarcó.
También expresó preocupación por las actividades que no cuentan con autorización para adquirir combustible directamente, como la minería ilegal, porque podrían continuar recurriendo al mercado negro.
Ante la posibilidad de que el combustible adquirido a precio subvencionado sea desviado hacia la reventa, Ayllón planteó establecer mecanismos de control sobre los vehículos que cargan diésel.
“Tiene que haber un control cruzado con las placas que cargan combustible”, propuso.
Según explicó, YPFB y la ANH cuentan con información que permitiría establecer cuánto combustible requiere cada vehículo y utilizar esos datos para detectar compras que superen los niveles habituales de consumo.
El objetivo, señaló, debería ser identificar a quienes adquieren combustible con fines de reventa y no para desarrollar sus actividades.
“Es una situación que, lamentablemente, no se va a poder controlar si no es mediante un control sistemático”, afirmó.
Como una alternativa para enfrentar la escasez, el presidente de la Cámara de Transporte Pesado de La Paz planteó que YPFB permita una mayor apertura del mercado para que empresas privadas puedan importar combustible.
“Primero, Yacimientos tiene que aperturar el mercado para la importación libre del combustible”, sostuvo.
Ayllón explicó que, de acuerdo con su lectura de las disposiciones vigentes, los privados deben cumplir varios requisitos y obtener diferentes autorizaciones para realizar una importación, situación que, a su criterio, desincentiva al sector.
Incluso señaló que las empresas de transporte podrían importar cisternas de diésel para abastecerse directamente si existieran condiciones más favorables.
“Yo creo que si tuviéramos esa posibilidad en las empresas de transporte, accederíamos a traer un cisterna de diésel y abastecerlo nosotros mismos”, afirmó.
Sin embargo, cuestionó las exigencias que se establecen para quienes pretenden importar combustible y consideró que, en lugar de facilitar el abastecimiento, estas medidas terminan desalentando la participación privada.
Ayllón también planteó que el Estado reduzca la carga impositiva vinculada a los combustibles para permitir que el sector privado pueda importar diésel a un menor costo.
“Hoy necesitamos que el Estado resigne recursos como el IVA, el IT, el IUE”, manifestó.
El dirigente sostuvo que el combustible debería llegar al país a un costo más cercano al precio internacional y cuestionó que el Estado continúe recaudando recursos mediante la comercialización de combustibles.
A su criterio, una reducción de estos costos permitiría que los transportistas puedan acceder a un precio abierto que sea más bajo y, al mismo tiempo, contar con un abastecimiento más regular.
Respecto al papel de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Ayllón consideró que su función debería concentrarse en la fiscalización, el control de calidad y el cumplimiento de las normas en las estaciones de servicio.
“Deberíamos verlos de tiempo completo en los surtidores, haciendo esa verificación”, señaló.
También cuestionó que la institución haya priorizado, según su percepción, la elaboración de nuevas normas en lugar de garantizar el cumplimiento de las disposiciones existentes.
“Nosotros no vamos a mejorar poniendo más leyes, si lamentablemente las leyes que tenemos no se cumplen”, afirmó.
Por ello, planteó reducir la burocracia y revisar la carga impositiva que incide en el precio de los combustibles.
Ayllón sostuvo que el transporte podría estar dispuesto a pagar un precio mayor por el diésel si eso significara contar con un abastecimiento oportuno y evitar las largas filas. Sin embargo, advirtió que un incremento excesivo elevaría demasiado los costos de operación del sector.
“Al doble nadie va a dejar la fila, todos vamos a seguir haciendo filas”, afirmó.
Durante la entrevista, Ayllón también se refirió al estado de las carreteras y afirmó que el transporte pesado enfrenta dificultades adicionales debido al deterioro de las rutas.
“Las carreteras están muy mal”, sostuvo.
El dirigente cuestionó el destino de los recursos recaudados mediante los peajes y afirmó que estos deberían contribuir al mantenimiento de la infraestructura vial.
Ayllón también cuestionó el nivel de burocracia estatal y consideró que el Estado debería dejar de ser una fuente de empleo para una gran cantidad de personas.
“El Estado tiene que dejar de ser una fuente de trabajo para tanta gente”, manifestó.
Finalmente, el presidente de la Cámara de Transporte Pesado de La Paz reiteró que el Decreto 5676 no afecta directamente a los transportistas de carga, pero tampoco representa una solución al problema de abastecimiento que enfrenta el sector.
Para Ayllón, las principales medidas deberían pasar por facilitar la importación privada de combustible, reducir las trabas y la carga impositiva, fortalecer los controles sobre la venta de diésel y garantizar un abastecimiento suficiente para evitar que las largas filas continúen afectando al transporte pesado.