El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Carlos Alberto Goitia, afirmó este lunes que las elecciones judiciales para cubrir los cargos vacantes en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) difícilmente podrán realizarse este año debido a los plazos establecidos por ley y a la falta de presupuesto, por lo que estimó que el proceso podría desarrollarse en 2027.
Goitia explicó que la normativa vigente establece 150 días para la organización del proceso electoral, a los que se suman 80 días que requiere la Asamblea Legislativa para la etapa de preselección de candidatos.
«Hay que tomar en cuenta que la ley vigente establece 150 días para el proceso electoral y que la Asamblea Legislativa debe emplear 80 días para la preselección. Haciendo números, durante este año ya no podría llevarse a cabo esa elección, salvo que se produzca una reforma electoral», señaló.
La autoridad indicó que la organización de estos comicios demandará un presupuesto aproximado de Bs 178 millones, recursos que no están contemplados en el presupuesto del TSE y que deberán ser gestionados mediante el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
No obstante, sostuvo que el cronograma podría acortarse si se aprueba una reforma a la normativa vigente, mediante una modificación legal o un decreto supremo que reduzca los plazos establecidos para el proceso.
En el plano operativo, Goitia aseguró que el Tribunal Supremo Electoral está en condiciones de organizar la elección, siempre que se garantice el financiamiento y se cumplan los tiempos necesarios.
Las declaraciones se conocen mientras la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados prevé retomar este martes el tratamiento del proyecto de ley transitorio para la preselección y elección de magistrados del TCP y del TSJ.
La iniciativa busca definir el procedimiento para completar las elecciones judiciales parciales pendientes desde los comicios del 15 de diciembre de 2024, que dejaron vacantes los cargos de magistrados del TCP en Beni, Pando, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija, así como del TSJ en Beni y Pando.