Las investigaciones por el denominado caso “narcomaderas” continúan en los departamentos de Pando, Beni, La Paz y Santa Cruz, informó este lunes el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, quien aseguró que el Ministerio Público actuará con base en las pruebas obtenidas y no permitirá injerencias políticas en el proceso.
El caso se inició después de que autoridades chilenas reportaran el hallazgo de más de 100 toneladas de droga presuntamente impregnadas en un cargamento de cerca de 1.100 toneladas de madera exportada desde Bolivia y detectada en el puerto de Arica.
Mariaca recordó que la investigación comenzó el 9 de junio de 2026, tras la remisión de antecedentes por parte de la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota. Desde entonces, el Ministerio Público realizó allanamientos, recolectó muestras de madera y tomó declaraciones a personas vinculadas con las empresas investigadas.
La autoridad explicó que cualquier decisión procesal dependerá de los resultados de las investigaciones.
«Vamos a ser responsables al momento de emitir una resolución dentro del presente proceso penal, sea para rechazar o para imputar. Para imputar necesitamos indicios y elementos suficientes para llevar a una persona ante un juez cautelar. No vamos a permitir ninguna injerencia política en una determinación que debe asumirse con responsabilidad», afirmó.
Respecto a las pericias, informó que alrededor del 60% de las muestras analizadas por el Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial (CITES) dieron resultado negativo. No obstante, aclaró que ello no significa el cierre del caso, ya que aún restan análisis y no se descarta solicitar cooperación internacional para nuevas pruebas.
Mariaca recordó como antecedente un caso registrado en San Matías y Puerto Suárez, donde la Policía Federal de Brasil retuvo camiones con unas 70 toneladas de carga que inicialmente dieron positivo en pruebas de campo, pero cuyos análisis de laboratorio descartaron posteriormente la presencia de sustancias controladas, permitiendo la continuidad de la exportación.
Según el Fiscal General, este precedente demuestra la importancia de actuar con cautela para evitar afectar de manera injustificada al sector forestal y a las empresas exportadoras mientras las investigaciones siguen en curso.
Finalmente, exhortó a que el caso no sea utilizado con fines políticos y reiteró que, si se reúnen suficientes elementos de convicción, se presentarán las imputaciones correspondientes; de lo contrario, las causas serán rechazadas conforme a la normativa vigente.