La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz admitió una Acción de Amparo Constitucional presentada por Luis Arce Catacora contra vocales de la Sala Penal Cuarta del mismo tribunal, dentro del proceso vinculado al denominado caso Fondo Indígena.
La audiencia pública fue instalada el 8 de mayo de 2026, pero fue suspendida y posteriormente reprogramada luego de que el tribunal advirtiera la posible omisión de notificación e inclusión de un tercero interesado dentro del trámite constitucional.
Durante la audiencia, la parte accionante, a través de su defensa, sostuvo que el ciudadano Eduardo León no habría sido reconocido formalmente como parte dentro del proceso, cuestionando su legitimación para intervenir como tercero interesado. Sin embargo, la Sala Constitucional observó que en antecedentes del proceso penal figura como denunciante/víctima, lo que motivó su incorporación para evitar eventuales nulidades.
El tribunal fundamentó su decisión en el artículo 31 del Código Procesal Constitucional y en jurisprudencia constitucional, señalando que la falta de citación de personas con interés legítimo podría afectar la validez del proceso.
En consecuencia, la audiencia fue suspendida y reprogramada para el 13 de mayo de 2026 a las 13:30, disponiéndose la notificación de todas las partes, incluyendo a las autoridades judiciales demandadas y a los terceros interesados ya identificados.
El amparo fue interpuesto contra vocales de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a quienes se atribuye la emisión del Auto de Vista 25/2026. La parte accionante sostiene que dicha resolución habría vulnerado derechos al debido proceso, juez natural, defensa y debida fundamentación.
El argumento central del recurso señala que los hechos investigados se remontan a 2009, cuando Arce ejercía funciones como Ministro de Economía y Finanzas Públicas, por lo que correspondería la aplicación del régimen de juicio de responsabilidades previsto en la normativa vigente en ese periodo.
El caso se mantiene en fase de trámite constitucional a la espera de la nueva audiencia fijada por la Sala Constitucional.