En el marco del 56° Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA, el canciller Fernando Aramayo advirtió que las democracias de América Latina enfrentan actualmente mayores tensiones sociales, en un contexto de creciente polarización política, desinformación, violencia y debilitamiento de la confianza en las instituciones.
El ministro señaló que en la región también se observa la expansión del crimen organizado, que —según dijo— aprovecha espacios de debilidad institucional y escenarios de conflictividad prolongada.
En su intervención, Aramayo hizo referencia a los bloqueos de carreteras registrados en Bolivia durante más de 50 días, los cuales —según afirmó— generaron millonarias pérdidas económicas y afectaron la circulación de personas que no pudieron acceder a servicios de salud, incluyendo casos con desenlace fatal.
El canciller indicó que el conflicto inició como parte de demandas sociales dentro del marco democrático, pero que con el paso del tiempo derivó en una escalada de conflictividad.
Añadió que los bloqueos dejaron de funcionar como un mecanismo de presión para el diálogo y pasaron a operar como una medida de paralización del país, afectando derechos como la libre circulación, el acceso a alimentos, salud y trabajo.
Aramayo sostuvo que la protesta pacífica es un derecho, al igual que la libertad de expresión, pero advirtió que estos entran en tensión cuando se impide el ejercicio de otros derechos fundamentales, lo que —según afirmó— obliga al Estado a intervenir.
Asimismo, planteó que el desafío actual de la región es equilibrar la participación democrática con el funcionamiento del Estado y la convivencia social, en un contexto de crecientes conflictos.
Finalmente, señaló que no existen pruebas judiciales concluyentes sobre participación directa de redes criminales en los recientes hechos en Bolivia, aunque consideró que el entorno regional exige una lectura más amplia sobre la influencia de economías ilícitas y redes transnacionales en contextos de inestabilidad.