Un cargamento de 8 toneladas de carne de pollo que iba a ser trasladado a la ciudad de La Paz en un avión Hércules de la Fuerza Aérea Argentina fue decomisado y destruido tras detectarse presuntas irregularidades sanitarias. Según el informe, la carga estaba bajo responsabilidad del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y no cumplía con las condiciones mínimas de inocuidad para consumo humano.
La tripulación del avión Hércules de la Fuerza Aérea Argentina alertó al Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG) sobre el estado de un cargamento de pollo que estaba a punto de ser trasladado a La Paz. De acuerdo con el reporte, el producto presentaba mal olor y señales visibles de deterioro, situación que motivó una inspección inmediata.
Tras la evaluación técnica, SENASAG procedió al decomiso de las 8 toneladas de pollo entero fresco, carga cuyo destino final era la sede de gobierno y que, según el informe, se encontraba bajo responsabilidad del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.
Durante la evaluación organoléptica, los técnicos identificaron alteraciones en el olor y color del producto, además de evidencias compatibles con procesos de descomposición y una presunta proliferación microbiológica relacionada con la ruptura de la cadena de frío.
“En virtud de los hallazgos descritos, la carga de pollo entero fue rechazada para su envío a la ciudad de La Paz por no cumplir con los requisitos de inocuidad exigidos para el consumo humano”, señala parte del informe técnico.
Como medida preventiva, SENASAG determinó la destrucción total del cargamento para evitar cualquier riesgo sanitario. Las 8 toneladas fueron trasladadas y enterradas en el vertedero de Normandía, en Santa Cruz, garantizando su inutilización definitiva y evitando su comercialización o distribución.
El informe concluye que el producto fue descartado debido a que presentaba “alteraciones organolépticas y evidencias compatibles con procesos de descomposición derivados de la ruptura de la cadena de frío”.
Tras conocerse el hecho, se aguarda un informe oficial del alcalde de La Paz, César Dockweiler, para establecer el origen de la compra y confirmar si el cargamento fue adquirido con recursos municipales. De confirmarse esta situación, podrían activarse procesos administrativos y eventuales investigaciones por presunto daño económico al Estado.