El analista financiero Jaime Bravo afirmó que el proyecto de Ley de Inversiones que será enviado a la Asamblea Legislativa debe establecer un marco de institucionalidad y seguridad jurídica que permita atraer capital extranjero a Bolivia, principalmente para sectores como hidrocarburos, minería y litio.
Durante una entrevista en el programa “DE PRIMERA MANO”, Bravo explicó que la norma debe permitir que las empresas interesadas en invertir en Bolivia tengan la certeza de que sus recursos serán respetados y que podrán repatriar sus utilidades, mientras el Estado boliviano debe recibir una compensación adecuada por la explotación de los recursos naturales.
“Se trata de un proyecto de ley que es bastante importante y trascendente, que va a permitir ver cómo se van a canalizar los recursos que lleguen desde el extranjero a Bolivia”, señaló.
Bravo sostuvo que Bolivia actualmente no tiene la capacidad económica ni tecnológica suficiente para realizar por sí sola todas las inversiones necesarias en sectores estratégicos. Mencionó específicamente a los hidrocarburos y al litio, sobre el cual cuestionó que no se haya logrado una gestión adecuada.
“Bolivia en este momento, a merced de las malas gestiones que hemos tenido, no tiene la capacidad y la cualidad suficiente, ni en lo económico ni en lo tecnológico, para hacer las inversiones que se necesitan”, afirmó.
El analista consideró, sin embargo, que la Ley de Inversiones debe estar acompañada por un marco normativo más amplio que incluya cambios en las leyes de hidrocarburos, minería y litio, además de modificaciones a la Constitución Política del Estado.
Uno de los puntos que identificó como una dificultad para atraer inversiones está relacionado con el artículo 320, parágrafo segundo, de la Constitución, que establece que los diferendos entre el Estado y los inversionistas deben resolverse bajo la justicia y los tribunales bolivianos.
Según Bravo, esta disposición puede generar desconfianza porque Bolivia no cuenta con una justicia que genere suficiente seguridad para los inversionistas. Por ello, consideró importante analizar mecanismos como el arbitraje internacional.
“Las reglas del juego no parecen ni equitativas, ni parejas para quien traiga dinero”, sostuvo.
Bravo recordó además que Bolivia tiene tres nacionalizaciones en su historial y señaló que, en estos procesos, el Estado boliviano terminó pagando indemnizaciones. Sin embargo, explicó que el principal interés de las empresas no está en recibir una compensación después de una nacionalización, sino en contar con condiciones que les permitan desarrollar negocios sostenibles durante décadas.
“Las empresas serias vienen a generar un negocio sostenible en el tiempo. Y no hablamos de cinco años. Hablamos de 50, 60, 70, 100 años”, manifestó.
Al referirse a los 53 y 54 días de bloqueos registrados en el país, Bravo señaló que la conflictividad social también influye en las decisiones de los inversionistas.
Afirmó que los bloqueos no solamente afectan a las cadenas productivas, sino que también pueden provocar que empresas que ya tienen operaciones en Bolivia decidan trasladarse a otros departamentos o abandonar el país.
“En muchos casos han llegado a ahuyentar inversiones e inversionistas que tenían ya posiciones establecidas en La Paz”, sostuvo.
Según el analista, algunos inversionistas trasladaron sus actividades a Santa Cruz, mientras que otros decidieron salir del país. “Están saliendo recursos en lugar de que ingresen recursos”, advirtió.
Ante esta situación, planteó la necesidad de alcanzar un acuerdo con distintos sectores de la sociedad, incluidos empresarios, trabajadores, gremios, microempresarios y organizaciones sociales, con el objetivo de reducir la conflictividad.
Respecto a una nueva Ley de Minería, Bravo consideró que debe establecer reglas para los diferentes sectores que participan en la actividad, entre ellos el cooperativismo, la minería mediana y las personas naturales que realizan explotación de recursos.
Explicó que la minería se ha convertido en una de las fuentes de ingresos más importantes para Bolivia y sostuvo que la nueva normativa debería establecer límites de explotación, reglas ambientales, mecanismos tecnológicos, uso de tierras e ingresos que recibirá el Estado.
“La ley de minería tiene que poner los límites de explotación, tiene que tratar temas ambientales, tiene que tratar temas de tecnología y uso de tierras”, afirmó.
También remarcó que el Estado debe garantizar que los recursos naturales generen beneficios para el país sin utilizar esos ingresos únicamente para ampliar el aparato público.
La finalidad, según Bravo, debería ser contar con un Estado más eficiente que facilite el desarrollo de los sectores productivos y contribuya a reducir el déficit fiscal.
Sobre el cuidado del medio ambiente, sostuvo que la explotación minera ha generado daños en ecosistemas, fauna, flora y fuentes de agua, además de afectar en algunos casos a la población.
“Bolivia es un país que tiene muy buenas leyes, cada que hay un problema saca algún tipo de normativa para solucionarlo, pero en la mayoría de los casos no tiene la capacidad para operativizar estas normas”, cuestionó.
Bravo también explicó que la Gestora Pública puede cumplir un papel importante en el financiamiento de la economía, aunque aclaró que no debe analizarse de manera aislada, sino como parte del mercado de capitales.
Señaló que la Gestora administra alrededor de Bs 210.000 millones y sostuvo que una parte importante de esos recursos debería canalizarse hacia los sectores productivos.
Según el analista, aproximadamente entre el 42% y 45% de los recursos administrados por la Gestora están colocados en el sistema financiero nacional y alrededor del 30% está en el Estado.
A su criterio, estos recursos también podrían dirigirse hacia sectores como la agroindustria, agricultura, ganadería y construcción, además de contribuir al financiamiento de empresas extranjeras que lleguen al país.
Bravo también planteó actualizar la Ley del Mercado de Valores, Ley 1834, que data de 1998, debido a los cambios registrados en los mercados financieros desde entonces.
Ante la posibilidad de que la apertura al capital privado sea interpretada por algunos sectores como un proceso de privatización, Bravo consideró fundamental realizar una adecuada socialización de las medidas.
Señaló que existe una serie de “leyendas urbanas” y mitos alrededor de la inversión extranjera, los empresarios privados y organismos como el Fondo Monetario Internacional.
Afirmó que una mayor participación privada, bajo reglas claras, puede contribuir al crecimiento del empleo formal y al fortalecimiento de la seguridad social.
Bravo mencionó que aproximadamente 84% o 85% de la población tendría una ocupación informal, situación que, según explicó, limita el acceso adecuado a prestaciones de salud y jubilación.
“Si no, estaríamos cambiando a la mala administración del Estado por una mala administración del privado”, sostuvo, al remarcar que la participación privada también debe estar acompañada por empresas serias y por instituciones públicas eficientes.
En ese contexto, defendió la necesidad de aplicar criterios de meritocracia dentro de las instituciones públicas, con profesionales capacitados para administrar acuerdos, regular inversiones y gestionar las entidades que participen en los proyectos.
Sobre la posibilidad de que el proyecto consiga respaldo en la Asamblea Legislativa, Bravo consideró que es necesario alcanzar acuerdos políticos, pero aclaró que el tratamiento no debería limitarse a una aprobación automática.
“No podemos esperar simplemente que presente la ley y los asambleístas levanten la mano aprobando todo”, afirmó.
El analista planteó que las autoridades responsables de elaborar el proyecto deben socializarlo con los asambleístas, las bancadas y los jefes de bancada para que puedan revisar sus ventajas, desventajas y realizar observaciones desde un punto de vista técnico.
En ese marco, mencionó a Samuel Doria Medina y Jorge Tuto Quiroga, quienes, según Bravo, han expresado posiciones que podrían permitir una apertura al debate sobre proyectos considerados viables para el país.
“Más allá de que el señor Doria Medina ahora esté en una línea de oposición constructiva como llama, lo mismo el señor Quiroga, han demostrado que cuando un proyecto es viable, es bueno para el país y coincide con la visión que se tiene, que hay que plantearla de inicio, la apoyan estos proyectos de ley”, sostuvo.
Bravo consideró que la Ley de Inversiones puede ser enriquecida durante su tratamiento legislativo, siempre que el debate no esté marcado por intereses partidarios.
“Vale la pena entrar en el debate que corresponda, pero no con un objetivo ideológico partidario, sino con un objetivo de Estado que es lo más importante”, concluyó.