El Gobierno boliviano plantea una reconfiguración de la política económica como parte del acuerdo de 36 meses suscrito con el Fondo Monetario Internacional. El Memorando de Políticas Económicas y Financieras establece medidas para reducir el déficit fiscal, modificar el régimen cambiario, eliminar progresivamente la subvención a los combustibles y reestructurar empresas estatales.
El documento fija como objetivo llevar el déficit global del sector público no financiero al 3,5 por ciento del Producto Interno Bruto hasta 2029. Para alcanzar esa meta, el Gobierno prevé un ajuste fiscal equivalente aproximadamente al 8,5 por ciento del PIB entre 2026 y 2029, con mayor concentración en la primera etapa del programa.
Entre las medidas más sensibles está la subvención a los combustibles. El memorando establece que los precios internos se mantendrán durante 2026, pero desde enero de 2027 deberán alcanzar niveles de recuperación de costos. Además, el Presupuesto General del Estado de 2027 no contemplaría recursos para subvencionar los combustibles.
El documento advierte que esta medida podría generar presiones inflacionarias y riesgos sociales, por lo que plantea ampliar y focalizar los mecanismos de asistencia social.
Otro de los cambios previstos es el abandono del tipo de cambio como principal ancla nominal. El programa plantea avanzar hacia un régimen cambiario flexible determinado por el mercado, con intervenciones limitadas del Banco Central de Bolivia. También contempla que las entidades financieras puedan negociar libremente sus operaciones de compra y venta de divisas.
El programa establece además que el BCB no otorgará nuevo financiamiento neto al sector público no financiero y prevé una reforma destinada a fortalecer su autonomía, transparencia y gobernanza.
En el ámbito productivo, el Gobierno se compromete a eliminar progresivamente controles de precios y restricciones a las exportaciones, además de promover una mayor participación del sector privado. En hidrocarburos y minería se plantea revisar los marcos regulatorios y tributarios para incentivar nuevas inversiones y exploraciones privadas.
El memorando también contempla la reestructuración de empresas estatales que no sean financieramente viables, junto con mejoras en sus mecanismos de gestión, inversión, contabilidad y gobernanza.
El ajuste inicial estará concentrado principalmente en el gasto público. Posteriormente, el Gobierno prevé elaborar una Estrategia de Movilización de Recursos Internos que incluirá medidas tributarias, cambios en la administración de ingresos y reformas aduaneras destinadas a elevar la recaudación.
Estas reformas tributarias de mayor alcance están previstas para el segundo y tercer año del programa, cuando el Gobierno espera una recuperación del crecimiento económico.
El cumplimiento del acuerdo será evaluado trimestralmente mediante indicadores como las reservas internacionales netas, el resultado primario del sector público, el financiamiento del BCB al Estado y los límites sobre la base monetaria.
El primer examen está previsto para diciembre de 2026, tomando como referencia los resultados registrados hasta septiembre.
El documento señala finalmente que el acuerdo requiere la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI y que la autorización para que el Gobierno pueda acceder a los desembolsos está vinculada a la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional.