El abogado Eduardo León Arancibia, denunciante en el caso EMAPA en entrevista con “De Primera Mano” informó que las investigaciones del caso EMAPA revelan un daño económico al Estado de aproximadamente 1.000 millones de bolivianos, monto que según precisó fue señalado por el actual ministro de Desarrollo Productivo e incluye irregularidades en la compra y manejo de productos como harina, arroz, insumos piscícolas y otros.
Asimismo, confirmó la aprehensión de los exministros Néstor Huanca y Zenón Mamani, quienes formaron parte del directorio de EMAPA y suscribieron contratos con empresas y organizaciones que, según la denuncia, no existían legalmente.
León aclaró que, si bien inicialmente el caso Harina I y II hacía referencia a un daño de 6,5 millones de bolivianos, la Fiscalía y la autoridad judicial habrían establecido que solo en ese componente el perjuicio alcanzaría al menos 15 millones, al considerar depósitos, triangulación de recursos y responsabilidad directa de exautoridades y sus entornos familiares. Señaló que los delitos investigados son conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, aunque advirtió que la imputación podría ampliarse conforme avancen las pesquisas.
El abogado denunciante sostuvo que las irregularidades fueron advertidas hace más de tres años por dirigentes del sector panificador, pero lejos de ser investigadas, estas denuncias fueron ignoradas y quienes las hicieron públicas terminaron procesados penalmente. En ese sentido, afirmó que existiría una omisión deliberada por parte de exautoridades, pese a que contaban con documentación y alertas previas sobre el manejo irregular de la harina subvencionada.
Finalmente, León expresó su preocupación por que, pese a la gravedad de los hechos, aún no se habría procedido a la anotación preventiva de bienes ni al secuestro oportuno de activos, lo que podría dificultar la recuperación de los recursos públicos. Indicó que existen al menos 40 personas que aún deben declarar y reiteró que la detención preventiva no es el fin del proceso, sino el inicio de una investigación que debe concluir con una acusación formal, una sentencia y la restitución del dinero al Estado.