Las cámaras nacionales de Comercio, Industrias y Exportadores presentaron este martes al Gobierno un proyecto de Ley de Promoción y Protección de las Inversiones, que plantea garantías frente a las expropiaciones, incentivos tributarios y condiciones de estabilidad jurídica para atraer capitales nacionales y extranjeros.
El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Eduardo Olivo, explicó que la propuesta establece que el Estado solo podrá expropiar un bien cuando una ley declare su utilidad pública, se cumpla el debido proceso y se pague una indemnización antes de tomar posesión. Según detalló, si el pago no se concreta en un plazo de 120 días, la expropiación quedará sin efecto.
El proyecto también contempla la transferencia de utilidades al exterior, la igualdad de trato entre inversionistas nacionales y extranjeros y la creación de un portal único que reúna los requisitos, plazos y costos de los trámites. Asimismo, propone permitir el ingreso de maquinaria y equipos nuevos sin aranceles ni IVA, además de devolver este último impuesto en un plazo de 30 días para compras locales, sin exigir un monto mínimo.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Exportadores, Oswaldo Barriga, señaló que las inversiones de gran magnitud podrán acceder a contratos de estabilidad de hasta 15 años sobre las reglas tributarias y cambiarias.
Olivo indicó que Bolivia recibió 620 millones de dólares de inversión extranjera durante la gestión pasada. Sin embargo, afirmó que tres de cada cuatro dólares correspondieron a utilidades reinvertidas y solo dos de cada 100 a nuevas inversiones.
El representante empresarial sostuvo que el proyecto tiene menos de 14 artículos, no requiere una reforma constitucional y no contempla los sectores de minería e hidrocarburos.
A su turno, el presidente de la Cámara Nacional de Industrias, Gonzalo Morales, advirtió que la falta de seguridad jurídica puede llevar a que los capitales elijan otros destinos para invertir.
Los tres dirigentes solicitaron al Ministerio de Economía que impulse la propuesta y la remita a la Asamblea Legislativa para su tratamiento sin postergaciones. El proyecto fue presentado por el sector empresarial y deberá avanzar por las instancias correspondientes para convertirse en ley.