El vocero presidencial, José Luis Gálvez, exhortó este martes al Órgano Judicial a no afectar la prestación de los servicios de justicia tras el anuncio del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de iniciar un paro escalonado en demanda de mayor presupuesto. La autoridad sostuvo que el debate debe centrarse también en una reforma estructural del sistema judicial.
Gálvez calificó de «inaudita» la posibilidad de que las máximas autoridades judiciales convoquen a una paralización y advirtió que una medida de esa naturaleza perjudicaría directamente a la población.
«No podemos afectar los servicios legales que requiere la ciudadanía», afirmó el portavoz del Gobierno.
La declaración surge después de que el presidente del TSJ, Rómer Saucedo, anunciara que el Órgano Judicial se declaró en emergencia y otorgó un plazo de 20 días al Gobierno y a la Asamblea Legislativa para atender sus demandas, entre ellas un incremento presupuestario y el tratamiento de proyectos de ley. De no existir una respuesta, advirtió con un paro escalonado que podría llegar a ser indefinido.
Frente a ese escenario, Gálvez aseguró que el Ejecutivo está dispuesto a dialogar sobre las necesidades presupuestarias del sistema judicial, pese a las restricciones económicas que enfrenta el país.
No obstante, remarcó que la discusión no debe limitarse únicamente a la asignación de recursos.
«El eje ordenador de la discusión, cuando hablamos de justicia, debe ser la reforma de la justicia», sostuvo.
El vocero agregó que el diálogo debe permitir atender las limitaciones económicas del Órgano Judicial sin interrumpir un servicio que consideró esencial para la población. Asimismo, reiteró la disposición del Gobierno para abordar las demandas planteadas por las autoridades judiciales en el marco de una discusión integral sobre el sistema de administración de justicia.