La Sociedad Boliviana de Cemento S.A. (SOBOCE) informó que mantiene vigente su derecho a recibir una indemnización por la expropiación del 33,34% de sus acciones en la Fábrica Nacional de Cemento S.A. (FANCESA), dispuesta por el Estado boliviano en 2010.
La empresa recordó que el Decreto Supremo N° 0616, emitido el 1 de septiembre de 2010, estableció la expropiación de su participación accionaria y dispuso el pago de una indemnización, cuyo proceso de valuación debía realizarse inicialmente en un plazo de 180 días.
Sin embargo, SOBOCE señala que, pese a que transcurrieron 16 años desde la emisión del decreto, la indemnización continúa pendiente.
“El Estado despojó a SOBOCE de su propiedad, la transfirió a la Gobernación del Departamento de Chuquisaca, pero nunca pagó la indemnización”, cuestionó la empresa en un pronunciamiento difundido este lunes.
SOBOCE sostuvo que el derecho al pago está respaldado por la Constitución Política del Estado, que reconoce la propiedad privada y establece que ninguna persona puede ser expropiada sin una indemnización justa y previa.
La empresa también cuestionó la discusión sobre qué nivel del Estado debe asumir el pago. “La polémica sobre si es el Gobierno central o la Gobernación de Chuquisaca quien debe afrontar el pago es un pretexto más para retrasar el cumplimiento de esta obligación”, afirmó.
En ese marco, SOBOCE vinculó el caso con el debate sobre la seguridad jurídica y la promoción de inversiones en Bolivia. Señaló que mientras permanezca pendiente el cumplimiento de una obligación derivada de una expropiación estatal, las promesas de seguridad jurídica pueden perder credibilidad.
“Sin cumplimiento efectivo no existe seguridad jurídica”, remarcó la empresa.
Asimismo, SOBOCE afirmó que la falta de una solución afecta sus derechos bajo el Convenio entre Bolivia y Perú sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, suscrito en 1993.
La empresa anunció que mantiene vigentes todas las vías legales nacionales e internacionales para hacer valer sus derechos de cobro y pidió que se cumpla con la indemnización pendiente. “Para atraer nuevas inversiones al país se requieren señales claras de que el Estado respeta sus propios compromisos”, sostuvo.