En el programa De Primera Mano, el exministro de Justicia y abogado Álvaro Coimbra realizó un análisis del escenario de conflictividad social, los bloqueos y la situación institucional del país, en un contexto que, según dijo, ya supera los 30 días de movilizaciones y con más de 90 puntos de bloqueo.
Coimbra afirmó que el Gobierno “estaba desconectado hasta hace 15, 20 días de lo que estaba ocurriendo en el país”, señalando que no se habría contado con un diagnóstico oportuno desde las instancias políticas y de seguridad del Estado. Añadió que lo que inicialmente eran demandas sectoriales, como el incremento salarial o reclamos específicos, “se fue convirtiendo en una bola de nieve” hasta transformarse en un conflicto de carácter político con múltiples exigencias.
En ese marco, sostuvo que el Ejecutivo enfrenta hoy a diversos sectores con intereses distintos que habrían convergido en un mismo escenario de presión política. En sus palabras, “se han coludido para desestabilizar y destrocar al gobierno”, aunque también reconoció que existen demandas sociales dentro del conflicto. Según su análisis, parte de las movilizaciones responde a la pérdida de privilegios de sectores sindicales y dirigenciales, a quienes atribuyó haber tenido beneficios en gestiones anteriores. Señaló que “han perdido muchísimos privilegios”, como cargos, ingresos elevados y vínculos con el Estado, lo que estaría influyendo en su accionar.
Coimbra también mencionó la existencia de intereses políticos más amplios dentro del conflicto. Afirmó que “hay el interés del señor este del Chapare”, en referencia a Evo Morales, señalando que buscaría “impunidad después de los conflictos” dentro de un eventual nuevo pacto político. Asimismo, sostuvo que existen liderazgos en disputa dentro del denominado bloque popular, mencionando a figuras como Nilton Condori, a quien atribuyó interés en rearticular liderazgo político y promover elecciones en el corto plazo.
Sobre el carácter de las movilizaciones, el exministro indicó que “esto no se financia gratis”, afirmando que existirían estructuras de organización, logística y financiamiento detrás de las protestas. También señaló que hay operadores políticos que habrían actuado en la articulación del conflicto, insistiendo en que no se trata únicamente de acciones espontáneas.
En relación a la estrategia del Gobierno, Coimbra consideró que el Ejecutivo habría optado por evitar la intervención directa de la fuerza pública. Señaló que el Gobierno busca “terminar el conflicto sin muertos”, advirtiendo que el uso de la fuerza podría generar una escalada mayor. En ese sentido, recordó experiencias anteriores de conflictividad en el país, donde —según dijo— los conflictos derivaron en escenarios más complejos con víctimas y mayor tensión social.
Sin embargo, también afirmó que el Gobierno cometió errores en su etapa inicial, indicando que “en los primeros seis meses no actuó políticamente” en referencia a la falta de acuerdos con actores regionales y sociales. Sostuvo que actualmente el Ejecutivo no contaría con suficientes alianzas con gobernaciones, alcaldías o comités cívicos, lo que debilitaría su capacidad de negociación.
Coimbra también advirtió sobre la situación de la institucionalidad democrática, señalando que “la institucionalidad democrática en Bolivia es muy débil”, recordando crisis políticas anteriores en el país. En ese contexto, afirmó que lo que está en juego es la estabilidad del Gobierno electo, señalando que existen sectores que buscan su salida del poder, aunque también otros actores que apuestan por la continuidad del mandato constitucional.
En relación al rol del Estado, sostuvo que el Gobierno se encuentra en una situación de presión y con limitaciones para resolver el conflicto, señalando que incluso podría requerir apoyo de las Fuerzas Armadas si la situación se agrava, aunque advirtió sobre los riesgos de esa decisión en un contexto de alta conflictividad.
Respecto al sistema político, señaló que existen distintos intereses en disputa dentro del escenario nacional, mencionando a actores políticos, sindicales y sociales con objetivos diversos, lo que —según su análisis— complica la posibilidad de una solución rápida al conflicto.
Sobre el sistema de justicia, Coimbra afirmó que el Órgano Judicial y el Ministerio Público presentan una “institucionalidad demasiado débil”. Indicó que el sistema requiere fortalecimiento presupuestario e institucional, señalando que actualmente la asignación sería insuficiente. También cuestionó la variabilidad de decisiones judiciales, afirmando que “bajo los mismos hechos, los fallos cambian”, lo que afecta la credibilidad del sistema.
En ese punto, planteó la necesidad de una reforma profunda del sistema judicial. Consultado sobre qué haría si volviera a ocupar el cargo, afirmó que “lo primero que haría en el tema judicial es sacar a los 1.083 jueces que existen”, señalando que existiría una estructura que considera corrupta dentro del Órgano Judicial. También sostuvo que deben revisarse estructuras dentro del Ministerio Público, aunque aclaró que su propuesta apunta a una transformación institucional más amplia.
Asimismo, mencionó que en su criterio debe combatirse el financiamiento de organizaciones que influyen en conflictos sociales y políticos, señalando que existirían redes económicas vinculadas a contrabando, narcotráfico y otras actividades ilícitas que inciden en la conflictividad.
Finalmente, Coimbra sostuvo que el país atraviesa un escenario complejo donde confluyen crisis política, debilidad institucional y conflictividad social, y que la salida dependerá de la capacidad de articulación política y del fortalecimiento de las instituciones del Estado para restablecer la gobernabilidad.