El secretario ejecutivo de la Confederación del Transporte, Lucio Gómez, otorgó un plazo de 48 horas al Gobierno para dar respuesta a las demandas del sector, vinculadas principalmente a deudas financieras, diferimientos y la situación económica que atraviesan los transportistas a nivel nacional.
El dirigente aseguró que las solicitudes ya fueron presentadas al Ministerio de Economía con respaldo documental. “Hemos presentado la documentación al ministro de Economía”, señaló, al explicar que el pedido central es la revisión de intereses, multas y condiciones de los créditos con la banca privada.
Gómez cuestionó que las medidas actuales no alcancen al conjunto del transporte. “El diferimiento no favorece al transporte en su conjunto, es solamente otro chantaje para que nos cobren multas sobre multas”, afirmó.
Asimismo, sostuvo que el sector trabaja principalmente con financiamiento privado. “Jamás hemos recibido un centavo de este gobierno ni de los gobiernos de turno”, indicó, al remarcar que los transportistas operan con créditos de la banca privada.
En su intervención, también se refirió a la situación de los bloqueos y la conflictividad social, apuntando a organizaciones movilizadas. Mencionó, entre otros, al sector de la “Túpac Katari” y la Central Obrera Boliviana (COB), señalando que existen puntos de bloqueo que afectan el tránsito y la actividad del transporte.
“¿Qué pasa con la COB, qué pasa con la Túpac Katari?”, cuestionó, al pedir además sensibilidad para permitir el paso de ambulancias y el funcionamiento de corredores humanitarios.
El dirigente advirtió que, si en 48 horas no hay respuesta del Gobierno, el transporte boliviano asumirá decisiones orgánicas a nivel nacional. “La decisión del transporte va a ser única y uniforme”, manifestó.
Finalmente, reiteró que el sector se mantiene en emergencia por la falta de combustible, las filas en surtidores y las restricciones en carretera, factores que —según dijo— agravan la crisis del transporte en el país.