La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados avanza en el tratamiento del proyecto de ley de convocatoria y preselección de postulantes al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), en un contexto marcado por cuestionamientos al sistema judicial y la necesidad de renovar autoridades en este órgano clave.
La secretaria técnica de la comisión, la diputada Katia Saucedo, explicó que el objetivo del proyecto es “completar esas elecciones que fueron suspendidas” y permitir que el TCP vuelva a operar con normalidad, ya que actualmente “se encuentra en una situación absolutamente urgente”, con solo cuatro magistrados en funciones de los nueve que establece la norma.
En ese sentido, sostuvo que el sistema actual de elección judicial es el único vigente dentro del marco constitucional, aunque reconoció que requiere ajustes para mejorar su transparencia y eficacia.
Uno de los principales cambios planteados en el proyecto es el incremento del puntaje de evaluación para los postulantes, que pasaría de 70 a entre 80 y 85 puntos. “Tratándose de órganos como el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo de Justicia, se debe tener gente con un altísimo nivel de conocimiento, especialización y probidad”, afirmó Saucedo.
La legisladora también remarcó la importancia del criterio de probidad, al señalar que “no son suficientes los cartones”, ya que este principio implica una conducta “decente, intachable e incuestionable” en la trayectoria profesional y personal de los aspirantes.
En ese marco, el proyecto incorpora la posibilidad de realizar entrevistas públicas como herramienta de evaluación ciudadana. “La probidad es más que decir que yo soy probo”, señaló, al explicar que estas entrevistas permitirán la participación de la ciudadanía, organizaciones sociales, la prensa y la sociedad civil en la observación del proceso.
Asimismo, la comisión prevé un plazo de 50 días para concluir la preselección de postulantes, incluyendo exámenes orales con un mayor nivel de exigencia técnica. “Tiene que ser conocimiento de alto nivel en doctrina y jurisprudencia”, enfatizó.
Saucedo recordó además que la situación del sistema judicial ha sido objeto de críticas por la prórroga de autoridades y la politización de la justicia, por lo que consideró que la actual etapa legislativa representa una oportunidad para “responder a las exigencias ciudadanas” y avanzar en una reforma estructural del sistema judicial.
Finalmente, el proyecto será remitido al pleno de la Cámara de Diputados para su tratamiento legislativo correspondiente, en medio del debate sobre la necesidad de reformas más profundas en la justicia boliviana.